La Justicia obliga, por tercera vez, a cumplir las sentencias sobre la RPT de Breña Alta

El Sindicato Independiente de Policías de Canarias SIPC ha informado a través de un comunicado que el juzgado de lo contencioso nº 1 de Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a requerir, esta vez “personalmente” al Alcalde del Ayuntamiento de Breña Alta, obligándolo a cumplir con la sentencia de la RPT, a través de una denuncia de este mismo Sindicato que representa a los Policías de esta Corporación Municipal.

En una Diligencia de Ordenación que ha sido enviado al Ayuntamiento de este municipio, la letrada de la Administración de Justicia, requiere personalmente al Alcalde, para que en el “plazo improrrogable” de quince días, señale la fecha de la ejecución de la RPT, remitiendo al juzgado, la fecha límite de la aludida ejecución de la sentencia.

En esa misma Diligencia de Ordenación del Órgano Judicial, el Juez le indica, que será Su señoría, el que dicte la fecha de no hacerlo el Alcalde, en sintonía con la parte demandante, previa audiencia con la misma, que no es otra que este Sindicato, a través de su delegado.

Cabe recordar que en este sentido, "le llama notablemente a este Sindicato como el Primer Edil del Ayuntamiento es Letrado, sigue sin cumplir varias sentencias, que llevan ya desde hace más un año, con un claro desprecio a la Justicia cosa ésta difícil de entender, cuando estamos hablando de una persona con conocimientos jurídicos, y que sabe perfectamente las consecuencias legales de todo ello".

En otro orden de cosas "pero, relacionado también con el incumplimiento sistemático de las sentencias judiciales, la semana pasada llegó otro requerimiento judicial en el mismo sentido, esta vez relacionado con los Festivos de otro Policía".

Recuerdan desde el Sindicato que casi todas las reivindicaciones de los trabajadores se han reconocido en el Juzgado, "hecho éste que debería hacer reflexionar al Primer Edil, en el sentido que algo se ha venido haciendo mal, hasta ahora, para tener que ir a reclamar los derechos que se le niegan a los trabajadores al juzgado, donde casi siempre se les ha dado la razón".

Por último, destaca que desde el Sindicato SIPC, "lamentan profundamente que sean los ciudadanos, a través de sus impuestos los que tengan que pagar los platos rotos de esta situación, dado que no hay que obviar el gasto económico del Ayuntamiento en los procesos judiciales, puesto que todo procedimiento conlleva gastos en abogados, procuradores, etc.., que sufragan los ciudadanos con sus impuestos por la mala gestión".