El Gobierno de Canarias destina 7,2 millones de euros a paliar los efectos de la guerra en el sector agrario e industrial

El Gobierno de Canarias ha articulado una serie de medidas dotadas con 7,2 millones de euros para apoyar al sector primario e industrial de las Islas ante el encarecimiento del transporte y los insumos que ha provocado el conflicto en Oriente Medio. Esta acción forma parte de un paquete de actuaciones financiadas con un total de 29,8 millones de euros, ampliable hasta los 60 millones anuales en caso de que se prorrogue la crisis bélica, que recoge otras medidas como la reducción del IGIC sobre combustibles o la aplicación del tipo 0% a productos básicos.

Durante su intervención en el Parlamento de Canarias, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, señaló que el decreto aprobado la semana pasada en Consejo de Gobierno contempla una serie de ayudas específicas a la agricultura, ganadería y pesca de Canarias, con un presupuesto inicial de 3,6 millones de euros, partida que podrá variar dependiendo de las necesidades detectadas tanto en el sector primario como el industrial (en el que también se contempla la agroindustria de manera específica). En primer lugar, se destinarán 1,74 millones para compensar el sobrecoste de los insumos de producción agrícola, con ayudas de entre 50 y 222 euros por hectárea, en función de la isla en la que se ubique la finca en cuestión y del tipo de superficie, con especial atención a las islas no capitalinas, que soportan costes más elevados.

Asimismo, se dedicarán 1,31 millones a paliar el encarecimiento de los piensos ganaderos, con un límite de 150.000 euros por persona beneficiaria. Además, se prevé un porcentaje adicional para aquellas explotaciones ubicadas en islas distintas de Tenerife o Gran Canaria. Por otro lado, se ha decidido emplear 540.726 euros para atender los sobrecostes logísticos y energéticos que asume el sector pesquero, con ayudas de hasta 20.000 euros por buque y de 40.000 euros por armador.

El titular del área indicó que la crisis bélica iraní exige "actuar con rapidez, recursos y con un reconocimiento real de nuestras singularidades para defender a nuestro sector primario con garantías". "En un territorio ultraperiférico como Canarias no caben respuestas genéricas, necesitamos instrumentos ajustados para proteger a quienes sostienen la producción, el abastecimiento y el empleo, cuestiones a las que da respuesta el decreto aprobado la semana pasada, que comprende medidas adaptadas a la realidad del Archipiélago, como son el IGIC cero a los combustibles y productos básicos, así como el refuerzo de la devolución del impuesto sobre combustibles para agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas", añadió.

Por otro lado, subrayó que a esta iniciativa se suma "la petición al Estado para que articule actuaciones complementarias para reforzar la respuesta económica y social ante la crisis, entre las que destacan la actualización de partidas de los Presupuestos Generales del Estado, especialmente en transporte, agua y agricultura, así como la adopción de una serie de medidas que refuercen la competitividad del Archipiélago, como el incremento de la financiación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) y el aumento del límite de ayudas de minimis".

Por último, Quintero se refirió a los principales efectos del conflicto bélico, entre los que destacó el aumento de los costes en ganadería, con una subida de precios de materias primas para la elaboración de piensos, así como de los precios de los insumos agrícolas (fertilizantes y productos químicos) y el encarecimiento del transporte, definido por la dependencia del transporte marítimo con fletes más costosos y el alza de los combustibles. A esto se suma, además, la incertidumbre respecto a la exportación de productos, pues elaboraciones como el queso y el vino, que se comercializan en territorio estadounidense, se ven afectados por la inestabilidad en las relaciones comerciales y el aumento de costes logísticos.

Estas acciones específicas se engloban dentro de un paquete de ayudas generales que incluyen la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a los productos energéticos, el incremento hasta el 99,99% de la devolución del Impuesto Especial sobre combustibles para agricultores y transportistas y la subida de hasta 50.000 euros del límite de facturación anual para acogerse al régimen especial del pequeño empresario en el IGIC. El Ejecutivo canario, además, ha trasladado al Estado un conjunto de medidas suplementarias para reforzar la respuesta económica y social frente a esta situación y reclama una serie de actuaciones específicas para reforzar la estructura y estabilidad de las Islas frente a esta coyuntura.

Entre ellas, destaca una medida de apoyo para el sector platanero que incluye la cobertura del 100% del coste de transporte, acción incluida en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias como una obligación que no se está cumpliendo a día de hoy. Otros aspectos solicitados han sido la flexibilización de las reglas fiscales para permitir a las comunidades autónomas adoptar medidas extraordinarias, la implantación de una bonificación estatal al precio del combustible, la reducción de la carga fiscal en el IRPF para compensar la pérdida del poder adquisitivo de las familias o la creación de un fondo específico para ámbitos productivos más vulnerables.

Además, se ha señalado la necesidad de crear un reglamento específico que permita maniobrar al margen de lo establecido por el reglamento europeo de los minimis, o bien el incremento de sus umbrales, puesto que limitan la capacidad de ayuda a los sectores. En concreto, para agricultura se sitúa en 50.000 euros por beneficiario en tres ejercicios fiscales, lo que no se adapta a las necesidades generadas por el conflicto ni a la realidad del Archipiélago.