Israel Martín - PP: "Promesas electorales frente a las necesidades de un pueblo"
Hay decisiones políticas que definen muy bien la forma de gobernar de una administración. No hacen falta grandes discursos ni debates complejos para entenderlas. Basta con observar qué se prioriza y qué se deja para más adelante. En San Andrés y Sauces tenemos un ejemplo bastante claro.
El edificio de usos múltiples del municipio es uno de los espacios más utilizados por los vecinos. Allí se realizan gestiones administrativas tan cotidianas como el pago de impuestos, trámites municipales o la participación en distintas actividades sociales y culturales que se desarrollan a lo largo de la semana.
Es, en definitiva, un edificio público con un uso diario y constante por parte de muchas personas: vecinos, asociaciones, jóvenes estudiantes, personas mayores y también ciudadanos con movilidad reducida que necesitan que estas instalaciones sean plenamente accesibles.
Por eso sorprende que las mejoras de accesibilidad previstas para este edificio, incluidas dentro del convenio del PIDL, hayan ido aplazándose año tras año. Una anualidad que se ha ido “rodando” en el tiempo sin que la actuación llegue a ejecutarse.
Ahora conocemos el motivo de ese nuevo aplazamiento: sustituir esa inversión por la construcción de una plataforma de baño en el Puerto Espíndola.
Nadie discute que mejorar los espacios vinculados al mar pueda ser positivo. Puerto Espíndola es uno de nuestros enclaves turísticos, que además forma parte de la identidad de los sauceros y de nuestro especial vínculo con el mar y nuestra costa. Claro está que cualquier actuación que contribuya a ordenar su uso debe estudiarse con seriedad.
Pero lo que resulta difícil de comprender es que, para hacer esa obra, se decida posponer nuevamente una actuación necesaria para la vida diaria de muchos vecinos. Porque hablamos de accesibilidad, de facilitar el acceso a servicios públicos a personas mayores o con movilidad reducida, de garantizar que todos puedan utilizar un edificio municipal en condiciones adecuadas.
En política las prioridades importan. Y cuando se decide aplazar mejoras necesarias para un edificio que utilizan a diario los vecinos, mientras se impulsa una obra que responde a una promesa electoral, la pregunta surge de forma inevitable.
¿De verdad debe una promesa lectoral sustituir a lo importante?
Las administraciones públicas están para resolver problemas reales y cotidianos de los vecinos, no para decidir en función del calendario político o de las promesas electorales. Gobernar también consiste en saber distinguir entre lo que conviene políticamente y lo que verdaderamente necesitan los ciudadanos.
San Andrés y Sauces necesita seguir mejorando sus espacios públicos, pero también necesita que las decisiones se tomen con criterio, pensando en quienes utilizan esos servicios todos los días.
Porque la accesibilidad no es un capricho ni una obra secundaria. Es una cuestión de igualdad, de respeto y de servicio público.
Y esas prioridades no deberían esperar.
Es, en definitiva, un edificio público con un uso diario y constante por parte de muchas personas: vecinos, asociaciones, jóvenes estudiantes, personas mayores y también ciudadanos con movilidad reducida que necesitan que estas instalaciones sean plenamente accesibles.
Por eso sorprende que las mejoras de accesibilidad previstas para este edificio, incluidas dentro del convenio del PIDL, hayan ido aplazándose año tras año. Una anualidad que se ha ido “rodando” en el tiempo sin que la actuación llegue a ejecutarse.
Ahora conocemos el motivo de ese nuevo aplazamiento: sustituir esa inversión por la construcción de una plataforma de baño en el Puerto Espíndola.
Nadie discute que mejorar los espacios vinculados al mar pueda ser positivo. Puerto Espíndola es uno de nuestros enclaves turísticos, que además forma parte de la identidad de los sauceros y de nuestro especial vínculo con el mar y nuestra costa. Claro está que cualquier actuación que contribuya a ordenar su uso debe estudiarse con seriedad.
Pero lo que resulta difícil de comprender es que, para hacer esa obra, se decida posponer nuevamente una actuación necesaria para la vida diaria de muchos vecinos. Porque hablamos de accesibilidad, de facilitar el acceso a servicios públicos a personas mayores o con movilidad reducida, de garantizar que todos puedan utilizar un edificio municipal en condiciones adecuadas.
En política las prioridades importan. Y cuando se decide aplazar mejoras necesarias para un edificio que utilizan a diario los vecinos, mientras se impulsa una obra que responde a una promesa electoral, la pregunta surge de forma inevitable.
¿De verdad debe una promesa lectoral sustituir a lo importante?
Las administraciones públicas están para resolver problemas reales y cotidianos de los vecinos, no para decidir en función del calendario político o de las promesas electorales. Gobernar también consiste en saber distinguir entre lo que conviene políticamente y lo que verdaderamente necesitan los ciudadanos.
San Andrés y Sauces necesita seguir mejorando sus espacios públicos, pero también necesita que las decisiones se tomen con criterio, pensando en quienes utilizan esos servicios todos los días.
Porque la accesibilidad no es un capricho ni una obra secundaria. Es una cuestión de igualdad, de respeto y de servicio público.
Y esas prioridades no deberían esperar.
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