Francisco Rodríguez Pulido: "La recuperación del Valle de Aridane que nunca llega: deseos para 2026"

En primer lugar, quiero aportar un dato crítico. Desde el minuto uno ya se hablaba de recuperar La Palma, y todo giraba en torno a La Palma. Sin embargo, esto ya en sí ha sido un grave error. El volcán (soy de los que se niegan a darle nombre) afectó de manera física y humana a tres municipios y partió en dos el Valle de Aridane...

Por ello, quiero reivindicar que de lo que hay que hablar es del Valle de Aridane, de la recuperación social y económica del Valle de Aridane. No se trata de toda La Palma.

El Valle de Aridane era, antes de la erupción, uno de los motores económicos y sociales de la isla. Agricultura —especialmente el plátano—, pequeño comercio, turismo rural y servicios conformaban un ecosistema frágil, pero dinámico. La erupción rompió ese equilibrio.

Cuatro años después, la fractura social sigue abierta. Miles de personas continúan sin un proyecto de vida estable: familias desplazadas, agricultores sin tierras, autónomos que nunca pudieron reabrir y jóvenes que han optado por marcharse ante la falta de oportunidades. La pérdida no ha sido solo material; ha sido también demográfica, emocional y comunitaria.

Desde el punto de vista económico, el Valle no ha recuperado ni el pulso ni la diversificación que tenía. La agricultura sigue lastrada por la pérdida de suelo fértil y por el encarecimiento de los costes. El comercio local sobrevive de forma desigual y muy dependiente del consumo interno, mientras el turismo, lejos de convertirse en una alternativa sólida, permanece condicionado por la falta de infraestructuras y planificación.

El resultado es un Valle más vulnerable, más dependiente y desigual, donde la recuperación se percibe más en los discursos oficiales que en la vida cotidiana. No hay un rumbo, ni un liderazgo de dirección, no hay planificación, ni una partida presupuestaria única para la recuperación del Valle de Aridane. Se sigue usando y abusando políticamente la desgracia de las personas afectadas.

Desde Tierra Bonita, como presidente, hay una apuesta clara para el próximo año. En primer lugar, que se hable y se considere con todas sus consecuencias que la erupción volcánica fue mucho más que un fenómeno de la naturaleza. Vivimos una catástrofe humanitaria. Para el 2026 confiamos que haya luz y sepamos el contenido de las actas y grabaciones de las reuniones de los científicos y gestores del Plan de Emergencias (PEVOLCA). Porque fue un plan que fracasó, la previsión no existió, tampoco los avisos y la evacuación anes de la erupción, y la dinámica de la emergencia no existió, más allá de alejar a las personas de aquello que más amaban, después de sus seres queridos, su casa, su finca y su patrimonio.

Es innegable que se han movilizado recursos económicos importantes. Algo que seguimos sin saber cuánto y cómo se han repartido todos esos recursos. Las ayudas directas, los pagos compensatorios mediante subvenciones, planes extraordinarios para la economía y anuncios de inversión han sido constantes desde 2021. Algunas inversiones, absurdas y sin justificación (como el muelle de La Bombilla, la desaladora o el tubo por la Fajana).

Todo ese montante económico no ha sido nunca objeto de una auditoría o evaluación. El problema no ha sido solo cuánto, sino cómo, cuándo y para quién. Los pagos de las subvenciones, llamadas compensaciones, a las personas afectadas han llegado, en muchos casos, tarde, fragmentados y sin una planificación clara. Sin transparencia, sin control público como obliga la ley. La burocracia se ha convertido en un segundo desastre para quienes ya lo habían perdido todo. Hoy en día, siguen existiendo afectados que no han recibido compensaciones completas o que viven en una incertidumbre administrativa permanente.

En cuanto a la creación de empleo, las cifras oficiales suelen apoyarse en contratos temporales ligados a la emergencia o a obras concretas, sin que se haya generado un tejido laboral estable y con futuro. El apoyo al tejido productivo ha sido irregular y, en ocasiones, desconectado de las verdaderas necesidades del territorio.

Los llamados "nuevos ejes de inversión" —innovación, sostenibilidad, transición ecológica— suenan bien en los documentos estratégicos, pero no se traducen en cambios visibles en el día a día del Valle. Falta una visión integral que conecte ayudas, empleo, vivienda y desarrollo económico real. Hechos preocupantes y un rumbo pleno de desasosiego, sin participación. Las escuelas, ni se nombran, porque ahora dice que es prioritario un campus universitario.

El discurso y la praxis de la reconstrucción lo han llevado al terreno que las administraciones les interesa. La recuperación de viales, sin proyectos, sin contratos, sin notificaciones de títulos habilitantes, a costes cada vez más insuperables. El caso del cementerio muestra las vergüenzas: se adjudica a una empresa de Tenerife, que no cumple; luego a un constructor, que se dedica a retirar lava, y poco más.

Si hay un ámbito donde la distancia entre el discurso y la realidad resulta más hiriente es el de la reconstrucción física y social. Se han recuperado viales y se han abierto carreteras provisionales y definitivas, y se han restablecido conexiones. Pero con proyectos supercostosos, con inversiones sin control financiero, y con realización de obra que un ingeniero de párvulos suspendería. La nueva conexión La Laguna-Las Norias era necesaria y urgente. Sí, pero con un ancho desorbitado, con dos rotondas absurdas, con un trazado injustificado, y con un asfaltado de nivel cero; comparada con la nueva carretera de la costa, es un modelo de fracaso.

La reconstrucción no puede reducirse al asfalto. Las carreteras sirven para ir a algún sitio, pero ¿a dónde van quienes no tienen casa? La falta casi absoluta de soluciones habitacionales definitivas es, hoy, uno de los mayores fracasos del proceso. Cuatro años después, demasiadas personas siguen en viviendas provisionales, alquileres forzados o situaciones de precariedad encubierta. No hay un plan claro, transparente y consensuado de vivienda para los afectados. La mayoría ha encontrado por sus propios medios las soluciones habitacionales.

Esta situación alimenta una precariedad social y económica cronificada, con efectos directos sobre la salud mental, la cohesión social y la confianza en las instituciones. La reconstrucción material avanza lentamente; la reconstrucción humana, apenas ha comenzado.

La sociedad civil y los afectados han sido cancelados. La participación es nula, y el liderazgo ausente. Quizá el aspecto más preocupante de todo el proceso sea la marginación de la sociedad civil y de los propios afectados. El Consejo para la Recuperación de La Palma, concebido como un espacio de participación y diálogo, no se convoca. Las solicitudes de información de Tierra Bonita, por ejemplo, reciben como respuesta, el silencio administrativo, o la entrega de expedientes vacíos.

Esta ausencia de participación no es un detalle menor: es un síntoma de un modelo de recuperación vertical, opaco y poco democrático, donde las decisiones se toman lejos del territorio y de quienes lo habitan. Y sin participación no hay recuperación.

La falta de liderazgo claro y compartido ha generado desorientación y cansancio social. No hay un relato común de futuro para el Valle de Aridane, ni una hoja de ruta construida con la gente. Solo hay planes superpuestos, competencias cruzadas y responsabilidades diluidas.

Hablar de deseos para 2026 no es un ejercicio de ingenuidad, sino de responsabilidad. El Valle de Aridane no necesita más promesas, sino verdad, transparencia, participación y justicia social.

Para el 2026 se necesitan certezas. Se anuncia la declaración de las zonas de protección. Una sentencia condenatoria para muchos. Porque lo importante no es proteger coladas, tubos o geomorfologismos, sino proteger y cuidar a las personas. Esa fatídica zona roja es de las personas, de sus propietarios, la primera voz que hay que escuchar. Porque la ciencia no ha existido ni la geoética tampoco.

Mi principal deseo, que creo compartido, y, además, es una exigencia, se enfoca en la necesidad de que la recuperación ponga en el centro a las personas; una política de vivienda real y urgente; un modelo económico diversificado y sostenible; y una gobernanza abierta, donde la sociedad civil tenga voz y capacidad de decisión. Y, sobre todo, transparencia y certeza en lo que se hace en las coladas.

Francisco Rodríguez Pulido, Presidente de la Asociación Tierra Bonita

Para Tierra Bonita, confiamos que 2026 sea el año en que tengamos sobre la mesa sentencias e incluso imputaciones. Nos han abocado a acudir a la Justicia, Por eso, hay varios frentes jurídicos. El más relevante tiene que ver con las actas y grabaciones. Pero también hay otros, por la transparencia en las subvenciones o por la anulabilidad del decreto de exclusión. En 2026 tiene que ganar la sociedad civil.

Porque la recuperación que nunca llega no es solo un problema de gestión: es una cuestión de dignidad colectiva. Y el tiempo, para el Valle de Aridane, hace ya mucho que dejó de ser un aliado.