El PSOE de Los Llanos de Aridane carga contra la ordenanza de emergencia social de CC y PP porque es restrictiva, desconfía de las personas y se aleja de la legalidad

El grupo municipal Socialista ha advertido que la nueva ordenanza de prestaciones de emergencia social aprobada por el gobierno local de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP)  "es restrictiva, desconfía de la ciudadanía y se aleja de la Ley Canaria de Servicios Sociales", especialmente en un municipio que sigue afrontando las consecuencias de la erupción volcánica.

La portavoz del PSOE, Alicia Vanoostende, recordó que muchas familias continúan sin vivienda estable, afrontan "alquileres desorbitados" y soportan una incertidumbre constante. Además, subrayó que sectores fundamentales como la agricultura, el cuidado de mayores o la hostelería sobreviven gracias al trabajo de personas migrantes, muchas de las cuales viven en condiciones difíciles y con escaso apoyo institucional.

Una ordenanza más centrada en el control que en la protección

La oposición denunció que el texto aprobado por el gobierno municipal de CC y PP introduce barreras y contradicciones que se alejan del espíritu de la Ley Canaria. Entre ellas, destacan aspectos como el hecho de que exige seis meses de empadronamiento, algo que la Ley no permite en situaciones de emergencia.

Obligar a aceptar ofertas de empleo para acceder a las prestaciones, es otra condición que no contempla la normativa autonómica, al igual que

visitas domiciliarias sin garantías de consentimiento informado, vulnerando la protección de la intimidad.

Además del silencio administrativo negativo, incompatible con un derecho subjetivo o la prohibición genérica de recibir ayudas a personas con más de una propiedad, sin valorar la situación real de cada caso.

"Esta ordenanza —señaló la portavoz— parece diseñada para controlar, no para ayudar. Confunde gestión con desconfianza."

Límite de dos prestaciones al año y decisiones a criterio político

Uno de los puntos más criticados por el grupo de la oposición fue el límite de dos prestaciones extraordinarias por año, dejando la concesión de una tercera al "visto bueno" discrecional de la concejala responsable.

"¿Desde cuándo un derecho social depende del permiso personal de un cargo político?", cuestionó la oposición. "Si un trabajador social emite un informe favorable y la concejala no quiere firmarlo, ¿se rechaza la prestación? Es contrario a la Ley Canaria y rompe la igualdad de trato."

Veto a personas con contratos con el Ayuntamiento

La oposición también denunció que la ordenanza prohíbe conceder prestaciones a cualquier persona que tenga relación contractual con el Ayuntamiento, desde contratos laborales hasta mercantiles o convenios.

"Tener un contrato precario con el Ayuntamiento no elimina la necesidad real de nadie", afirmaron. "Esta medida no aparece en ninguna normativa superior y abre la puerta a discriminaciones injustificadas."

"Las ayudas no son paguitas: son derechos"

El grupo progresista rechazó el discurso que desprecia a quienes solicitan apoyo económico de la Administración. "Cada vez que alguien habla de 'paguitas', está insultando a las personas que lo han perdido todo con la erupción, a quienes viven con pensiones mínimas, a quienes pagan alquileres imposibles y a los trabajadores migrantes que sostienen nuestra economía."

En ese sentido, pidieron respeto por el trabajo del personal técnico, responsable de valorar las situaciones de emergencia con criterios profesionales, formación y experiencia.

Solo 350.000 euros al año para emergencia social

El Grupo Socialista recordó que el municipio destina aproximadamente 350.000 euros anuales a prestaciones de emergencia, de los cuales solo 130.000 euros son fondos propios, pese a contar con un presupuesto de 28 millones de euros.

"Gastamos más de 400.000 € en promoción deportiva y más de un millón en cultura o fiestas. Hay margen para reforzar la atención social sin necesidad de levantar barreras.", apostilló Vanoostende.

El Grupo Socialista pidió la revisión del texto aprobado, afirmando que el municipio necesita una ordenanza "hecha desde la empatía, la legalidad y la realidad del territorio": "Las prestaciones de emergencia no son favores. Son un derecho. Y la dignidad de nuestra gente no se negocia."