El consejero Pablo Rodríguez y el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, han mantenido una reunión con la ministra de Vivienda en la que ha dado luz verde al 80% de las propuestas planteadas por Canarias al Plan Estatal de Vivienda
El Estado manifiesta su apoyo expreso a la argumentación esgrimida por el Gobierno de Canarias ante la Unión Europea para limitar la compra de vivienda a extranjeros no residentes y garantizar así el acceso a un hogar digno a los residentes de las islas
En la próxima conferencia sectorial, el departamento defenderá la actualización de los criterios de reparto de fondos, con cifras que datan de 1991, para que estos reflejen la realidad socioeconómica del archipiélago
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el director del Instituto Canario de la vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, han mantenido hoy una reunión con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la que el Estado ha aceptado "la gran mayoría de nuestras propuestas al Plan Estatal de Vivienda, para que este sea un instrumento que refleje la realidad canaria y sus particularidades, y también ha mostrado su respaldo a la defensa que estamos realizando ante la Unión Europea para proteger el derecho a la vivienda de todos los canarios y canarias y limitar la compra de esta a extranjeros no residentes", ha explicado el consejero.
Durante la reunión, en la que también han participado el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas Parrón, y el director general de Vivienda y Suelo, Francisco Javier Martín, el Gobierno de España ha mostrado su respaldo a la iniciativa canaria y su defensa ante la Unión Europea para limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes, ya que, junto con el auge del alquiler vacacional de corta duración, tensiona los precios, reduce la oferta destinada a residencia habitual y compromete la sostenibilidad social del territorio y el derecho de los canarias y canarias a acceder a una vivienda digna en el Archipiélago.
En esta línea, el consejero Pablo Rodríguez ha señalado que "solo en los últimos años, un tercio de las compraventas en Canarias han sido realizadas por extranjeros no residentes. En un mercado con la oferta limitada y demanda creciente, esto impacta directamente que los canarios puedan desarrollar su proyecto de vida y encontrar un hogar digno".
Asimismo, Rodríguez ha añadido que "este respaldo confirma que nuestra propuesta es viable y necesaria para proteger el derecho a la vivienda de los residentes en Canarias, reforzando el papel de las regiones ultraperiféricas en la planificación de políticas de vivienda".
El pasado jueves, Canarias defendía ante la Comisión de Islas de la Unión Europea (UE), celebrada en Barcelona, su preocupación por la falta de una estrategia firme de las instituciones comunitarias para abordar asuntos prioritarios para los territorios insulares como una política de vivienda actualizada, con un enfoque normativo adaptado que permita proteger el acceso a la vivienda para la población local, reducir la vulnerabilidad de trabajadores y familias y garantizar un equilibrio sostenible entre actividad económica, cohesión social y derecho a la vivienda.
Inclusión de las propuestas canarias en el plan estatal
Por su parte, el director del ICAVI, Antonio Ortega, ha apuntado que "el Ministerio ha atendido el 80% de las propuestas que hemos planteado al Plan Estatal de Vivienda. Ahora corresponde perfilar cómo quedará cada actuación. En cuanto a los criterios de reparto, el Ministerio nos ha pedido que volvamos a plantearlos en la próxima Conferencia Sectorial, donde las comunidades autónomas podrán emitir su voto".
En octubre de 2025, el Gobierno de Canarias presentó al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana un documento con alegaciones concretas para adaptar el Plan Estatal de Vivienda a la realidad insular del Archipiélago. Entre las propuestas destacadas se incluye la actualización de los criterios de reparto de fondos - que actualmente contemplan parámetros de 1991-, para que reflejen la realidad socioeconómica actual, el reconocimiento de los sobrecostes asociados a la construcción y desarrollo de vivienda en Canarias debido a su insularidad, dispersión y logística particular.
Asimismo, se planteó la revisión de los umbrales de ingresos para poder acceder a vivienda pública o ayudas, de manera que se puedan ajustar a la realidad del territorio y proteger a los canarios y canarias que más lo necesitan. También se propuso que los costes de gestión y administración fueran financiados dentro del plan, garantizando los recursos necesarios para personal, tramitación y seguimiento de ayudas, así como medidas para abordar la morosidad en alquileres, con el objetivo de ofrecer seguridad jurídica a los propietarios para fomentar la disponibilidad de viviendas en alquiler.
Con estas propuestas el Gobierno de Canarias buscaba que el Plan Estatal "no fuera una receta uniforme", sino un marco flexible y sensible a las particularidades de cada territorio, especialmente de las regiones ultra periféricas. El respaldo expresado hoy por el Ministerio refuerza la ambición del Ejecutivo canario de traducir estas propuestas en realidades tangibles en las islas con más vivienda pública asequible, políticas adaptadas y medidas que garanticen el derecho de una vivienda digna para los canarios y canarias.
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