Iniciativa Ciudadana Afectados por el Volcán de La Palma: "La trampa de la reconstrucción en La Palma: Ni la ley ni el volcán, el problema es la gestión"

“Evitar los filtros para responder a las personas”. Con esta frase se despachaba, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, intentando justificar en el pleno del Cabildo que la reconstrucción no avanza entre la burocracia y por la Ley de Contratos. La moción, aprobada incluso con el respaldo de la oposición, pide al Gobierno de España modificar una norma que, según él, impide progresar.

 

El mensaje es claro, si seguimos atascados en la reconstrucción es por una ley rígida que nos impide avanzar. Pero la realidad es otra. El verdadero problema no es la ley, sino la gestión política: la falta de planificación, de equipos y de liderazgo. Esta conclusión no es solo un juicio ciudadano; es la evidencia que se desprende del día a día de quienes seguimos esperando una respuesta a nuestras vidas rotas.

 

Se cumplen cuatro años desde que la lava arrasó el Valle de Aridane, todavía miles de familias malviven en alojamientos provisionales, ancianos de 90 años sobreviven en contenedores indignos, pequeños empresarios siguen esperando una respuesta que nunca llega, agricultores continúan sin recibir compensaciones por las fincas que la lava sepultó, ganaderos reclaman sin éxito sus pérdidas, y vecinos son expropiados sin que la administración siquiera les notifique oficialmente sus derechos ni el procedimiento. Es la radiografía de un abandono que se prolonga demasiado.

 

En septiembre de 2024, el propio presidente reconocía públicamente ante un medio de comunicación palmero “los tiempos de respuesta del Cabildo no son adecuados”. Y en junio de 2025 repetía: “soy el primero en reconocer que no vamos lo suficientemente rápido”.

 

A estas declaraciones se suma lo dicho en una entrevista al medio Palmerus hace apenas 11 meses. Sergio Rodríguez admitía que “probablemente se han cometido muchos errores”. Reconocía que “la expectativa generada por el cambio político creó una ilusión que no supieron responder en tiempo y forma”. Admitía abiertamente que los tiempos no eran los correctos “son los que son”. Solo se podía ir más rápido, decía, cuando se actuaba por emergencia; de lo contrario, había que ceñirse a disposiciones y plazos de la administración. En la COPE, Sergio Rodríguez también reconocía que no está contento con el ritmo de ejecución y que los tiempos de respuesta no son los correctos.

 

Ahora arremete contra el artículo 120 de la LCSP, que regula la tramitación de emergencia. Es cierto que fija un mes para iniciar las actuaciones, pero ese plazo no limita la duración de las obras, solo el inicio. Si desde el minuto uno como le hemos reclamado, el Cabildo tuviese un plan de reconstrucción, eso le permitiría gestionar de antemano que obras y contratos son necesarias para restituir el Valle de Aridane y proyectar entonces el futuro de este.

 

Además, el Cabildo obvia el resto de los mecanismos adicionales como la tramitación urgente, que permite reducir plazos; los acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición, que garantizan rapidez en la contratación repetitiva; la contratación de medios propios como TRAGSA y TRAGSATEC, capaces de ejecutar obras críticas de inmediato. Ni siquiera ha contemplado el presidente modificar los estatutos de SODEPAL para convertirla en el brazo ejecutor de la reconstrucción. Y por supuesto ha renunciado a la creación de un consorcio que coordine y ejecute la reconstrucción.

 

Conviene recordar que la LCSP nace de la transposición de la Directiva europea sobre contratación pública y persigue objetivos esenciales: la transparencia, la trazabilidad del gasto, la igualdad de oportunidades y la lucha contra el fraude. Esta normativa surge como reacción a los escándalos de corrupción recientes y a los abusos en la contratación que han costado millones de euros a la ciudadanía. Su finalidad es evitar el dispendio público, blindar el control del gasto y garantizar que cada euro invertido llegue realmente a quienes lo necesitan.

 

Ejemplos de lo que nunca se debió permitir los tenemos en la multa de 1,2 millones de euros por la tubería irregular, el dispendio de 1,5 millones en el embarcadero de emergencia de La Bombilla, los 13 millones del Parque Cultural Islas Canarias en Los Llanos, o el dispendio y gasto como si no hubiese un mañana en conciertos, festivales y musicales por toda la isla al más puro estilo “pan y circo”, y otras tantas obras innecesarias para los intereses vitales de los afectados y que han sustraído recursos millonarios y la atención de lo verdaderamente importante para la reconstrucción del Valle de Aridane. 

 

La última ocurrencia de este presidente, es instalar tres teleféricos panorámicos en la isla. "Mientras miles de familias siguen sin hogar ni certezas, levantar tres teleféricos sobre las cenizas del volcán es un insulto al sufrimiento y la dignidad de los afectados" apuntan desde la Iniciativa Ciudadana, "el cabreo entre los afectados es monumental" sentencian.

 

Mientras la reconstrucción se improvisa a golpe de ocurrencias, la población afectada sigue sumida en la incertidumbre. Agricultores que no han visto un euro por sus tierras, ganaderos que cargan con la pérdida de su ganado, especulación inmobiliaria y de alquileres para los afectados, familias que reciben multas por regresar a viviendas en zonas restringidas por los gases porque no pueden costear un alquiler. La administración mira hacia otro lado y culpa a la ley sin asumir su responsabilidad directa.

 

La participación del afectado en la reconstrucción simplemente no existe. En enero de 2023 se aprobó por unanimidad crear el Consejo Sectorial para la Reconstrucción y Recuperación de la Isla de La Palma y dos años después no existe ni el Cabildo tiene intención de convocarlo. En lugar de escuchar a las víctimas, la información circula por rumores, sin transparencia ni consulta. Esta exclusión parece deliberada para evitar testigos incómodos y la rendición de cuentas y voces críticas sobre la gestión de la reconstrucción.

 

La falta de rigor afecta directamente a los planes de protección, que tampoco se salvan de la crítica. El PEINPAL no se ha actualizado con las modificaciones introducidas por el PLATECA tras el volcán que garantiza el derecho de los animales, a pesar de ser obligatorias por ley tras la erupción. El PAIV, el Plan de Actuación ante Riesgo Volcánico de La Palma, está literalmente "secuestrado y oculto" a la ciudadanía palmera, pese haberlo reclamado en reiteradas ocasiones.

 

Y el PEVOLCA, aprobado en 2018, conserva errores en el semáforo volcánico que ya causaron confusión en plena emergencia, y del que posteriormente Nemesio Pérez decía, respecto al semáforo volcánico, que "ya la otra parte dónde dice el significado de la actividad, yo recomiendo que no lo lean porque ni yo estoy de acuerdo con ello", y Morcuende manifestaba que “quizás no lo hemos tan bien”. Así se manifestaban los responsables en sendas conferencias impartidas en las sociedades económicas de amigos del país de Tenerife y Las Palmas. Suponemos que en La Palma, no se atreverían a manifestarse en esos términos. 

 

Mientras tanto, Tenerife anuncia simulacros volcánicos abiertos a la población a partir del 26 de septiembre, su PAIV Plan de Actuación ante Riesgo Volcánico es público y está en la web del Cabildo a disposición de todos; pero en La Palma no contamos con ningún simulacro, ni plan de difusión, ni sensibilicen ante el riesgo volcánico, ni un calendario de formación ni protocolos de protección civil claros, o los que hay, se “secuestran” a los ciudadanos. La isla más castigada por las erupciones volcánicas de Canarias carece de las mínimas garantías de autoprotección, y de poco o ninguno interés del Cabildo por solucionarlo.

 

Coalición Canaria gobierna con mayoría absoluta, tiene los votos, tiene las competencias, tiene el mayor presupuesto de la historia gracias a los fondos llegados por el volcán y la reconstrucción es imperceptible para el afectado.

 

Desde la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados reclamamos medidas inmediatas como activar la tramitación urgente para todos los proyectos que afecten a la reconstrucción; constituir ya el Consejo Sectorial de Afectados; exigir la constitución de un consorcio para la reconstrucción; modificar los estatutos de SODEPAL para dotarle de capacidad de acción en la reconstrucción; actualizar el PEINPAL y publicar el PAIV con participación ciudadana; crear una oficina técnica de reconstrucción con recursos humanos y jurídicos; publicar un plan de hitos trimestral; y priorizar la vivienda, la recuperación económica y el apoyo psicosocial por encima de obras turísticas.

 

El Cabildo se contradice y reconoce lentitud, culpa a los funcionarios y ahora a la Ley. Tres coartadas para un mismo fracaso de gestión. Los indicadores económicos lo avalan, según datos de FEDEPALMA, segundo trimestre de 2025, el Índice de Confianza Empresarial cae un 4,3% interanual y el de Confianza Hotelera un 29%; el turismo extranjero retrocede un 16,5% en junio pese al repunte del nacional (+29,6%), con ocupación del 37,9% y un RevPAR un 12,3% menor. La exportación de plátanos cae un 29% hasta mayo de 2025 por la pérdida de superficie tras la erupción de 2021.

 

En febrero de 2022, Sergio Rodríguez exigía desde la oposición la creación de un Consorcio específico para la reconstrucción del Valle de Aridane. Decía entonces que “la reconstrucción del Valle de Aridane tiene que ser ejecutada por un Consorcio, es la única fórmula para garantizar eficacia y coordinación”. La que fue su bandera política hoy, con mayoría absoluta y gobernando en el Cabildo, esa promesa ha desaparecido de su programa.  

 

“Resulta incomprensible que aquello que se reclamaba con tanta fuerza en la oposición ahora se ignore desde el gobierno. Si entonces el Consorcio era la fórmula adecuada para agilizar la reconstrucción, lo sigue siendo hoy. ¿Qué ha cambiado?  Nada, solo que ahora la responsabilidad es únicamente suya”, recuerdan desde la Iniciativa Ciudadana.

 

El contraste otros territorios que se han enfrentado a catástrofes han reaccionado de otra forma, sin reformas legales. En Valencia, tras la DANA de 2024, se contrató a la consultora internacional Price Waterhouse por 2,2 millones para elaborar una hoja de ruta realista, y se nombró a un Teniente General del Ejercito -con experiencia en la OTAN, la ONU y en la reconstrucción de Afganistán- para coordinar interadministrativa la reconstrucción. En Italia, después del terremoto de L’Aquila en 2009, se combinaron procedimientos urgentes y acuerdos marco para reconstruir barrios enteros sin saltarse la ley y se contrató a la OCDE para diseñar la hoja de ruta de la reconstrucción. En Japón, tras el tsunami de 2011, se crearon oficinas técnicas regionales con participación ciudadana y transparencia, y la reconstrucción avanzó con confianza social. Ninguno de estos países necesitó culpar a su ley de contratos.

 

Y el Cabildo de La Palma opta por otra vía, culpar a Madrid y a otros de su falta de gestión y de diligencia en la reconstrucción. El resultado es que cuatro años después de la erupción, los afectados siguen sin certezas.

 

La realidad es clara: las herramientas existen, la mayoría absoluta existe, el presupuesto existe. Lo que no existe es planificación, transparencia ni voluntad política. Los afectados no pueden seguir esperando y necesitamos certezas: cuándo recuperaremos la normalidad, nuestras casas y trabajos, cómo se compensará su patrimonio, qué futuro tendrán nuestros barrios perdidos o confinados.

 

Tras casi cuatro años, es evidente que no hacen falta reformas legales para acelerar la reconstrucción. Ese tiempo ya pasó y nada se hizo con las tasaciones, o con la Ley de volcanes promovida por las asociaciones, no por ningún prócer, político o partido. Los ciudadanos afectados, oiga, tal y como los bregados agricultores están recuperando sus fincas con poca o ninguna ayuda de la administración. Por tanto, recalcamos que hacen falta gestores valientes, equipos técnicos, participación y transparencia real. La Ley no frena la reconstrucción. Lo que la frena la reconstrucción es la falta de ideas y de gestión del Cabildo.

 

Según Francisco Rodríguez Pulido, presidente de Tierra Bonita “la verdadera tragedia no es la lava, sino la indiferencia institucional: cada día perdido es una herida más en la vida de las familias afectadas” y concluyó, “que yo sepa, hoy no hay actos institucionales que recuerden lo sucedido en reconocimiento de los afectados; pero eso sí, hay un rally el día del aniversario del volcán", abundando en la idea del "pan y circo" para el pueblo.

 

La verdadera tragedia de La Palma no fue la lava, sino la incapacidad de sus responsables para reconstruirla. El volcán arrasó el Valle de Aridane en 85 días; la negligencia del Cabildo lleva más de 1.441 días arrasando la esperanza de sus vecinos. La Palma no necesita excusas ni culpables externos: necesita gestores que cumplan con la reconstrucción, porque cada día perdido es una herida abierta en la vida de miles de familias. Si la lava sepultó casas, la gestión del Cabildo ha sepultado la confianza ciudadana en sus instituciones. El tiempo del volcán terminó hace años; el tiempo de la incompetencia política no puede durar ni un día más.