El Cabildo insta al Gobierno de España a modificar la Ley de Contratos para avanzar en la recuperación de la Isla

El Cabildo de La Palma, a propuesta de Coalición Canaria y contando con el apoyo de todos los grupos, ha aprobado una moción para modificar la Ley de Contratos del Sector Público ante catástrofes naturales, lo que permitiría también avanzar en la recuperación territorial en el caso de la Isla.

El texto aprobado insta al Gobierno de España a modificar la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP). El objetivo es adaptar la normativa para que la tramitación de emergencia pueda aplicarse de forma más flexible y prolongada en casos de catástrofes naturales como erupciones volcánicas, incendios o inundaciones.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, encargado de defender la moción, indicó que la iniciativa surge a raíz de la experiencia vivida en la isla de La Palma tras la erupción del volcán de Tajogaite en 2021. Rodríguez argumenta que la actual redacción del artículo 120 de la LCSP, que limita la tramitación de emergencia a la “inmediatez”, se ha convertido en una "cadena de la Ley" que dificulta la reconstrucción a largo plazo.

En ese sentido, lamenta que esta rigidez, además, expone a los técnicos y empleados públicos a posibles responsabilidades administrativas, contables o penales al tener que actuar más allá del plazo de un mes establecido en la norma.

El documento impulsado por Coalición Canaria subraya que la modificación es una necesidad para dar una respuesta más ágil y eficaz a la ciudadanía. La propuesta se apoya en principios jurídicos como la seguridad jurídica, la eficiencia en el gasto público, la proporcionalidad y la armonización con el Derecho de la Unión Europea, cuya Directiva permite una noción más flexible de la "urgencia".

En definitiva, recalcó Sergio Rodríguez, la moción busca una voluntad política del Gobierno de España para que las administraciones públicas dispongan de las herramientas legislativas necesarias para actuar de manera continuada en situaciones excepcionales y garantizar la reconstrucción de infraestructuras esenciales sin la rigidez de los procedimientos ordinarios.

Sergio Rodríguez recordó que La Palma sigue con un nivel de emergencia activado, establecido mediante Decreto y amparado en la legislación vigente, pero, “sin embargo, cada vez se hace más complicada la justificación técnica por el choque frontal con la literalidad de la Ley”.

En esta línea, el presidente incidió en que esta no es una petición egoísta por la necesidad que atraviesa La Palma, sino que también se ha puesto de manifiesto en otras situaciones como la DANA o los incendios que han afectado a distintas comunidades autónomas, que hace que sea necesario avanzar legislativamente para prevenir y mejorar en acciones futuras, hace necesaria esta reivindicación para que la reconstrucción, especialmente de infraestructuras públicas de carácter esencial.