Declaración de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Palma condenando el genocidio en Palestina

Reconociendo y defendiendo los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recordamos el Artículo 3, que establece que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, millones de seres humanos vean vulnerados estos derechos fundamentales en Gaza, donde los ataques indiscriminados han destruido no solo vidas, sino también la esperanza de un futuro digno.

La situación humanitaria es crítica: la población civil enfrenta escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos. Actos tan esenciales como acceder a un hospital, asistir a la escuela o protegerse en un refugio se han convertido en riesgos extremos, como señalan numerosos organismos de Naciones Unidas y entidades humanitarias. Denunciamos igualmente los ataques contra periodistas, personal sanitario y miembros de organizaciones no gubernamentales, lo que representa una grave vulneración del derecho internacional.

Manifestamos además nuestra preocupación porque un ejército profesional pueda actuar de esta manera contra población civil indefensa sin que surjan disidencias en su seno, más allá del entrenamiento para la guerra al que se somete a sus integrantes. Resulta estremecedor que la maquinaria bélica de un Estado se despliegue contra un pueblo que carece de ejército, aviación, tanques o navíos de guerra, lo que subraya aún más la desproporción y el carácter inhumano de esta ofensiva.

Nuestra condena se extiende también al silencio y la complicidad de muchos países occidentales y democráticos —con Estados Unidos y Alemania en primer lugar— que parecen haber olvidado el compromiso histórico del “nunca más”. El dolor y la destrucción que hoy sufre el pueblo palestino no deben ser minimizados ni tolerados bajo ningún pretexto.

La comunidad internacional no puede permanecer pasiva ante estas violaciones sistemáticas de derechos humanos, que configuran un escenario que la Corte Penal Internacional ya ha comenzado a examinar en el marco de posibles crímenes contra la humanidad. Está en juego la humanidad misma, y es preciso nombrarlo con claridad: se trata de un genocidio que exige una respuesta urgente y efectiva.

Por todo ello, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Palma solicita de manera apremiante a Europa y a la Comunidad Internacional una intervención decidida que garantice un alto el fuego inmediato y permanente; la protección real de la población civil y la exigencia de que el ocupante asuma la responsabilidad de reconstruir y financiar las infraestructuras destruidas, no solo como reparación material, sino como un paso hacia la restauración de la dignidad humana de las víctimas.

Es imperativo detener el exterminio y ofrecer un apoyo integral que dé a los niños y niñas —huérfanos, enfermos, mutilados, desplazados— la posibilidad de un futuro esperanzador de paz. La búsqueda de una paz justa y duradera se erige en nuestra más alta aspiración, un deber moral que compartimos como sociedad. Invitamos a nuestros miembros y a la ciudadanía en general a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad, la empatía y el respeto a los derechos humanos, valores que deben guiar nuestra convivencia y ser ejemplo de nuestra humanidad".