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La Diputada del Común advierte que la lista de retrasos en Discapacidad "sigue aumentando"

Lola Padrón insiste en que se debe revisar el procedimiento de gestión de las valoraciones, pero mostró su agradecimiento a la Comisión por sus aportaciones

"Si todos decimos que el problema es de estructura, el cambio es estructural, va a costar, pero hay que ser valientes"

La Diputada del Común, Lola Padrón, que ha presentado el informe de la Diputación del Común 2024 en abril ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia, y el pasado día 24 ante la comisión plenaria, tuvo hoy comisión especial sobre Discapacidad, una de las grandes áreas donde más han crecido las quejas desde el último año.

Padrón no ha cejado de comunicar que el mayor número de quejas recibidas han sido las relacionadas con la discapacidad, con un incremento del 94,52% de quejas nuevas, con respecto al año anterior (310 en 2023 a 603 en 2024), de las cuales el 90% se motivan en la demora de la resolución del grado de discapacidad o revisión del grado otorgado.  Pero desde entonces hasta ahora la lista "sigue aumentando" indicó. Resalta que estos plazos tan dilatados de entre 3 y 5 años, provocan daños irreparables: "personas que pierden oportunidades en empleo público, acceso a ayudas sociales o atención temprana, un enorme listado de prejuicios ya que las personas vulnerables no pueden acceder a servicios básicos (educación, sanidad, ayudas)" . La Diputada del Común vincula los retrasos en el reconocimiento con "la pobreza invisible", y subraya que no se trata solo de un problema administrativo, "sino de una crisis social que afecta al bienestar de las familias". No en vano, desde las organizaciones del Tercer Sector y los colegios profesionales de Trabajo Social, han advertido del colapso social que se está sufriendo.

Desde su posición al frente de la Diputación del Común defiende que "la Administración debe acelerar el proceso burocrático y actuar cuanto antes". Lola Padrón exige un giro inmediato: "poner recursos, coordinación y voluntad para revertir una burocracia que perjudica gravemente a las personas con discapacidad en Canarias, y hablamos de un 10 por ciento de la población sin tener en cuenta lo que esto afecta en mayor porcentaje a su entorno familiar". 

 

Imperativo jurídico y social

 

La Diputada del Común aseveró que el cambio no es un imperativo técnico, "es un imperativo jurídico y social, y que además al que hay que dar un nuevo enfoque, porque sirve para desinstitucionalizar a las personas, para garantizar derechos, para hacer un plan individualizado, porque lo que se valora son personas, no cifras, y al valorar personas los planes que surgen de esa valoración, son planes que deben ir hacia la plena integración, y en ese sentido pues los equipos son insuficientes, los perfiles que se manejan para los equipos son perfiles que hasta ahora no han dado un resultado con la legislación antigua, pero que hay que actualizar y además de generar, contratar más personal para para los equipos de valoración, y tener en cuenta la insularidad y la doble insularidad, generar perfiles que permitan pues la empleabilidad, la terapia que vayan acorde con la valoración que se haya hecho, recursos que hay que destinar, apoyo a las cuidadoras, etcétera, etcétera, etcétera, por lo tanto no solo son los derechos, sino además el plan de vida que vaya orientado hacia la integración de estas personas, a quienes se le está coartando desde la administración, que están sin valorar y que es un agujero negro, porque la administración no da datos".

 De ahí que la Diputación del Común vea necesario hacer "un plan de choque urgente" Insistió en que la coordinación con Sanidad y Educación es vital toda vez que ya existe una valoración. "Es un fracaso de la Administración con las familias y empobrece a aquellas familias que además de no llegar a fin de mes, si tienen un problema de discapacidad en su casa, que tienen mermados sus ingresos, dificulta hacer frente a los problemas que genera una discapacidad de un miembro de esa familia. Y aquellos que no tienen familia, imagínense ustedes".

 Resituar el informe

 En ese sentido, reiteró "quería resituar el informe porque, desde luego, en todo caso, lo que estamos planteando es una evaluación. Los indicadores que se dicen en los Objetivos de Desarrollo 2030, son indicadores que nos marcan por dónde debe ir la gestión de los gobiernos si las quejas de la ciudadanía aumentan en determinadas áreas. En ningún caso, los informes de la Diputación del Común son un instrumento para hacer crítica destructiva, ni mucho menos, sino que se fundamentan en las críticas de la ciudadanía que ven como sus derechos son conculcados, y en este caso en el tema de la discapacidad, por problemas estructurales que terminan sin resolverse".

 Padrón insistió en la necesidad de expandir los recursos a disposición de la ciudadanía "estamos en una era de transición. Yo soy de la generación, esa que llaman, del baby boomer. Y es evidente que nosotros somos inmigrantes pero tecnológicos, como defensora de derechos necesito armas, en sentido de la paz, para defender los derechos, y esas armas son las quejas. Si nosotros no estamos cerca de las quejas de los ciudadanos, es imposible que vayamos al parlamento a defender las posiciones, ser la voz de aquellos a los que la Administración ha dado la espalda y somos el último recurso."

Destacó la férrea intención de la Diputación del Común en reforzar las oficinas insulares "detectamos que el último recurso del ciudadano no se estaba poniendo al 100% y que en este sentido este es un hecho que demuestra el compromiso y las ganas de acercar la defensoría a la ciudadanía".

 El silencio negativo

 Recordó que en la atención a los colectivos vulnerables es decisiva la actuación de las Organizaciones no Gubernamentales que articulan todo un entramado de protección, a la hora de diseñar recursos para la atención individualizada que precisan sobre todo menores, que aún no cuentan del grado de discapacidad, por l que volvió a incidir en la necesidad de activar una Ley del Tercer Sector.

"La falta de respuesta, el silencio negativo y el retraso en los tiempos de respuesta a los problemas de los ciudadanos, generada entre otras cuestiones por la falta de reorganización de servicios y falta de remplazo en la función pública, así como la adecuación a los nuevos perfiles profesionales. hacen que la ciudadanía, por un lado, se autoorganice para resolver sus propios problemas y en muchos casos supla esta labor con apoyo colaborativo y sobreesfuerzo, esta es la mejor respuesta, aunque no la más justa. pero, por otro lado, pierda la confianza en el sistema con el peligro de que la democracia se resienta y el sistema del bienestar caiga". 

 "Hoy lo hemos conseguido"

 La Diputada del Común mostró su agradecimiento a todo su equipo, en especial mencionó a su jefa de Gabinete, Gloria Gutiérrez y la asesora responsable del informe de Discapacidad, Jésica González. Aseguró haberse sentido muy cómoda ante la comisión especial "una se siente uno cómoda al generar espacios como este en el Parlamento, donde se puede hablar sin que se vea como ataques personales o que pones la información sobre la mesa para que alguien la utilice para otra cosa. porque no es el objetivo que planteamos. Y creo que hoy lo hemos conseguido, y eso los tiempos que corren de tanto ruido, tener un lenguaje mucho más amable con las personas que realmente lo necesitan. Yo creo que es para felicitar a esta Comisión, a su presidenta por la sensibilidad, y a todos aquellos portavoces que han participado".

 Lo que más destacó de la intervención es el hecho de que hay que seguir adelante, "es que no me quejo yo, es que lo que les estoy planteando son las quejas de las personas. Por lo tanto, lo único que puedo darles es las gracias, primero por la actitud, porque la actitud es el primer paso, y una actitud proactiva de la Comisión, eso genera también que dentro de los gobiernos se generen cambios y transformaciones. El primer paso para transformar es que, aunque la realidad nos asuste, porque tenemos pues miedo a ver que la realidad es mucho mayor de la que nos planteamos, porque yo estoy convencida que esta es la punta del iceberg, hay que poner los datos sobre la mesa. Este ha sido el espíritu de este y de cualquier informe que nosotros vengamos a plantear a la comunidad autónoma, la interoperabilidad, todo lo que he dicho, no quiero repetirlo, es absolutamente necesaria, respetando la protección de datos, la conexión entre educación, sanidad, servicios sociales, hay que hacer un cambio estructural, porque si el problema es de estructura, si todos decimos que el problema es de estructura, el cambio es estructural, va a costar, pero hay que ser valientes", finalizó.

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