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Denuncian represión sindical y colapso en la atención presencial en el CAISS de La Palma

Dos trabajadores sancionados tras denunciar la transformación ilegal del servicio y la sobrecarga laboral. La CGT alerta de represalias, abandono institucional y precariedad en la atención a la ciudadanía.

El 28 de marzo de 2023, la sección sindical de la CGT en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) denunció ante las autoridades la modificación ilegal de las condiciones laborales en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) de Santa Cruz de La Palma, ubicado en la Avenida Marítima nº 75. La decisión de sustituir la atención presencial por gestión telemática provocó el colapso del servicio, dejando a la ciudadanía sin posibilidad de cita previa ni atención directa.

La denuncia presentada por tres miembros de la sección sindical desató un proceso de represalias por parte de la Administración. Uno de los trabajadores acabó optando por la jubilación anticipada debido a la presión recibida, mientras que los otros dos han sido sancionados con suspensiones de empleo por 20 y 45 días respectivamente, tras estar diez meses bajo amenaza de despido por una supuesta falta grave o muy grave, aún pendiente de recurso.

Los trabajadores sancionados aseguran que los motivos esgrimidos por la Dirección no se sostienen. Uno fue castigado por oponerse a que la mitad del personal pasara a atención telefónica en noviembre de 2022, modelo que hoy ha sido desestimado por la propia Administración en favor de la atención presencial. El segundo fue sancionado por gestionar en el acto las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, una práctica que ahora se exige a todo el personal del CAISS.

Durante este tiempo, la oficina ha permanecido infradotada de personal, operando con solo una parte de su plantilla y sin cubrir siquiera las vacantes existentes, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros centros de la provincia. Las bajas laborales han aumentado y las condiciones se han deteriorado sin que la Administración adoptara medidas. Solo tras una denuncia formal de cuatro empleados ante la Inspección de Trabajo se realizó un análisis de riesgos psicosociales, cuyos resultados no se han traducido en mejoras.

La CGT denuncia una gestión deficiente, marcada por la falta de previsión, el ocultamiento de las carencias y la represión hacia quienes defienden condiciones laborales dignas. A pesar de que el volumen y complejidad de las prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital han crecido exponencialmente desde 2020, en el CAISS de La Palma no se han reforzado los recursos humanos necesarios, dejando tanto a trabajadores como a usuarios en una situación límite.

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