Los veterinarios entregan más de 20.500 firmas que rechazan el Decreto que los limita en su labor

El Colegio de la Profesión Veterinaria de Las Palmas ha entregado esta mañana al delegado del Gobierno en Canarias más de 20.500 firmas que rechazan el decreto 666 que limita las funciones de los veterinarios y ralentiza su labor. Además, se enfrentan a elevadas multas y encarecen notablemente los tratamientos a los animales.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, recibió a una representación colegial y se mostró receptivo para trasladar el rechazo generalizado de la profesión veterinaria al Gobierno de España. Pestana demostró su conocimiento de la situación que vive la profesión veterinaria en la reunión que mantuvo con sus representantes.

Veterinarios de toda España hicieron hoy un paro laboral entre las 10:00 y las 12:00h para protestar, concentrándose en Las Palmas de Gran Canaria frente a Delegación de Gobierno más de 200 profesionales veterinarios junto a decenas de propietarios de mascotas. Al mismo tiempo se celebraron concentraciones ante las subdelegaciones del Gobierno en Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

Las firmas recogidas por el Colegio de Las Palmas se obtuvieron en menos de tres semanas, a partir del día en que se celebró una manifestación en la capital grancanaria que aunó a 3.000 personas. El Colegio de la Profesión Veterinaria de Las Palmas seguirá recogiendo firmas mientras el problema no sea solventado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En la concentración de hoy, que duró algo más de una hora mientras una representación se reunía con el delegado del Gobierno, se corearon consignas a favor de la lucha veterinaria "porque somos sanitarios y tenemos que obedecer a nuestro criterio y no al del Ministerio".

Nota2: 

Más de 400 profesionales de la veterinaria se manifiestan en Tenerife y La Palma  en contra del decreto 666/2023

Más de 300 profesionales de la veterinaria en Tenerife y casi otro centenar en La Palma han participado en la manifestación convocada en Santa Cruz de Tenerife por el Colegio de la Profesión Veterinaria, dentro de la jornada de protestas que se ha vivido en todas las capitales de provincia.

El día empezó en el Parlamento de Canarias con la aprobación por mayoría de la Proposición No de Ley propuesta por el Grupo Popular en la se pide al Gobierno de la nación la modificación del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. En la sesión estuvieron presentes María Luisa Fernández Miguel y Sonsoles García Aparicio, presidenta y secretaria, respectivamente, del Colegio tinerfeño.

Posteriormente, ambas se unieron a los más de 300 profesionales de la veterinaria que se manifestaban ante la Subdelegación del Gobierno junto a propietarios de animales y sus mascotas que se adhirieron a una protesta que atañe a todos, a los veterinarios y a las familias en cuyos hogares viven los animales de compañía. El titular de esta institución en Tenerife, Javier Plata, recibió a la presidenta del Colegio tinerfeño mientras el director general de la Subdelegación estatal, Carlos García, recibía a los veterinarios de Isla Bonita.

Los veterinarios han entregado en ambas instituciones un escrito en el que alzan la voz contra las restricciones impuestas por el Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.

Esta normativa, lejos de garantizar una mejor atención a los animales, limita el ejercicio profesional, afecta la calidad de los tratamientos y puede tener consecuencias negativas tanto en la salud animal como en la salud pública. Los veterinarios insisten en que su labor se basa en el conocimiento científico y el criterio clínico profesional, aspectos esenciales que esta regulación restringe de manera preocupante.

Entre las principales problemáticas denunciadas, se destacan:

• Escasez de medicamentos veterinarios adecuados, especialmente para especies exóticas.
• Fichas técnicas obsoletas, que no reflejan los avances científicos y dificultan la aplicación de la medicina basada en la evidencia.
• Regímenes de dosificación inadecuados, que pueden comprometer la lucha contra la resistencia antimicrobiana.
• Formas farmacéuticas no adaptadas a las necesidades de distintas especies.
• Dificultades en la disponibilidad de medicamentos, lo que impide su acceso oportuno y adecuado.

Ante esta situación, el colectivo veterinario exige:

1. Adaptación urgente de la normativa española a los estándares europeos.
2. Seguridad jurídica para que el criterio clínico y científico prevalezca en la toma de decisiones.
3. Reinstauración de la prescripción Off-label use, esencial para tratar enfermedades infecciosas en algunas especies.
4. Moratoria en la aplicación del sistema PRESVET en la veterinaria de pequeños animales, que impone requisitos administrativos excesivos y afecta el ejercicio clínico.
5. Permitir el uso del botiquín veterinario en las consultas, clínicas y hospitales veterinarios, para garantizar la continuidad y seguridad en los tratamientos.

El sistema PRESVET, al imponer restricciones desproporcionadas en la prescripción de antibióticos para animales de compañía, ha sido el detonante de una reacción unánime en toda España. La comunidad veterinaria recalca su compromiso con la lucha contra la resistencia bacteriana y su deseo de trabajar con base en la ciencia, no en normativas desactualizadas que dificultan su labor.

El colectivo veterinario, respaldado por los Colegios Oficiales y el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, continuará luchando por una regulación justa que garantice la salud y el bienestar animal, así como la seguridad de la práctica profesional.