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Denuncia al Servicio Canario de Salud por causarle una incapacidad del 70%

La paciente entró en quirófano para una operación de hemorroides que le ha ocasionado problemas en las articulaciones.

El rotativo regional Diario de Avisos se ha hecho eco de la historia de María, una paciente del Hospital General de La Palma que en octubre de 2005 entró en quirófano para una operación de hemorroides. Lo que iba a ser una "sencilla" intervención se ha convertido en un calvario para esta mujer, que en aquel entonces tenía 38 años, y que le provocó una incapacidad del 70%.

Ahora, como recoge el periódico fundado en La Palma, "no puedo trabajar, y mi vida no volverá a ser nunca la misma”.

En esa operación se "le causó un daño interno irreversible que ha derivado en secuelas crónicas con las que María tendrá que vivir el resto de su vida y que le impiden trabajar". La paciente cuenta con un mecanismo eléctrico que actúa como estimulador neuronal implantado a María años más tarde de la operación para garantizar el funcionamiento del nervio y el músculo supuestamente dañado en la operación.

Pero este mecanismo, como cuenta el Diario de Avisos, sólo le causa nuevos problemas: calambres en pies y manos, en las ingles, en los muslos, a veces durante horas enteras, lo que la obliga a acudir a Urgencias para encontrarse con la impotencia de los médicos que le piden que regule el mando a distancia que activa el mecanismo.

Asimismo, este sistema la obliga a pasar cada tres años durante lo que le resta de vida por quirófano.

El asunto no ha podido resolverse por la vía administrativa con Sanidad. La respuesta de la administración sanitaria ante su petición para que asuma la responsabilidad por el supuesto fallo y sus graves consecuencias, con una incapacidad permanente e irreversible, es que la causa “ha prescrito”.

Ya en 2007 un tribunal médico resolvió su incapacidad laboral, por lo que ha decidido interponer un recurso contencioso administrativo contra el Servicio Canario de Salud tras la denegación expresa de esta entidad pública de reconocer su responsabilidad patrimonial en el hecho que ha costado a María un 70% de discapacidad, tal y como acreditó en dos ocasiones un tribunal médico.

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