El Gobierno declara la situación de adversidad climática en el sector agrícola de Fuencaliente por la DANA de diciembre de 2022 y otros acuerdos del Gobierno

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy lunes, 4 de marzo, la declaración de situación de adversidad climática en el sector agrícola como consecuencia de la borrasca tipo DANA que afectó al municipio de Fuencaliente (La Palma) los días 6 y 7 de diciembre de 2022, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo regional.

 

Esto posibilita la convocatoria de ayudas en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) dirigidas a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales, adversidades climáticas y catástrofes.

 

La borrasca trajo consigo intensas precipitaciones durante un corto período de tiempo, acompañadas de un intenso aparato eléctrico. Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones, desprendimientos, cortes de carretera y daños en explotaciones agrícolas, fundamentalmente de platanera, con especial incidencia en la costa del municipio, en la franja comprendida entre La Zamora y El Banco, en la que fuertes escorrentías de agua arrastraron una gran cantidad de material que terminó por sepultar fincas y bloquear vías de acceso.

 

Según la normativa europea, para que se pueda reconocer oficialmente una situación como esta, es necesario que al menos el 30% del potencial agrícola haya sido destruido. En este sentido, el informe elaborado por el Cabildo de La Palma sobre la magnitud de los daños sufridos en la zona respalda que se alcanza dicha cifra.

 

Según recoge dicho documento, la corporación insular cuantifica los daños en 478.000 euros en concepto de desescombro del material acumulado en fincas y accesos, y en 122.000 euros para la reposición de las infraestructuras dañadas.

 

El Gobierno acuerda iniciar actuaciones jurídicas para la defensa de las competencias exclusivas en materia de Costas
 

El Consejo de Gobierno reitera que no existe ninguna reserva legal de competencias a la Administración general del Estado en este ámbito

 

El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha acordado, durante la sesión celebrada esta mañana, el inicio de un procedimiento jurídico para reclamar al Estado las competencias exclusivas de la comunidad autónoma de Canarias en materia de Costas.

 

En este sentido, el Ejecutivo considera que el archipiélago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, ostenta la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público. Este comprende la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo todas las concesiones sobre dicho espacio, sin distinción alguna y sin reserva legal de competencias a la Administración general del Estado en esta materia.

 

El Gobierno canario no reconoce la competencia legal del Ministerio para la Transición Ecológica para dictar la resolución de 27 de febrero de 2024, por la que se declara la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial a la entidad mercantil Geafond Número Uno Lanzarote, S.A.

 

La Comunidad Autónoma solicita actuar, de igual modo, en cualquier otro expediente en materia de gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente en el otorgamiento de autorizaciones y concesiones.

 

Asimismo, reitera su voluntad para debatir y resolver las discrepancias y diferencias que la Administración General del Estado pueda tener sobre las competencias de la comunidad autónoma en materia de ordenación y gestión de litoral en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, prevista en el artículo 192 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

 

 

El Gobierno aprueba el reglamento que regula la selección, formación y promoción de las Policías Locales

 

El nuevo decreto permitirá agilizar los trámites y reduce los tiempos en los procesos selectivos

 

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy lunes, 5 de marzo, el reglamento que regula los criterios de selección, formación, promoción y movilidad para el personal de las Policías Locales Canarias. El decreto se ha tramitado a instancias de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, y permitirá agilizar la tramitación y acortar los procesos selectivos.

 

El nuevo reglamento da respuesta a una normativa desfasada, que requería una adecuación a la legislación vigente en materia de procesos selectivos de la Función Pública. Este decreto simplifica los procedimientos de acceso y promoción interna de las policías locales que desarrollan los propios ayuntamientos, mientras que la Consejería se encarga de las pruebas de acceso a la escala básica de policías locales.

 

En concreto, el nuevo decreto reduce a dos las pruebas de conocimientos, test y caso práctico, al eliminar la demostración de los conocimientos teóricos en la prueba de desarrollo de los temas, cuya calificación demandaba mucho tiempo por parte del tribunal.

 

También en este reglamento se homologan las pruebas a los requerimientos que se hacen para el acceso a la función pública en los diferentes grupos y subgrupos.

 

 

Otro de los aspectos que modifica son los requisitos para ser policía, suprimiendo la estatura y corpulencia y limitándose a que las personas aspirantes superen las pruebas físicas.

 

El decreto regula, además, la movilidad y las comisiones de servicios entre ayuntamientos y prevé crear una bolsa de personal funcionario policial que sirva para reforzar servicios en otros municipios diferente al suyo cuando sea necesario mediante comisión de servicios en atribución temporal de funciones.

 

El proyecto de decreto inició la tramitación con el preceptivo trámite de consulta pública previa el 16 de febrero de 2022. Para su elaboración se constituyó un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias, conformado entonces por personal de la entonces Dirección General de Seguridad y Emergencias, de la FECAM y de los sindicatos, y un asesor externo del director general, y del que salió el texto inicial del proyecto de decreto el 5 de abril de 2022.

 

El proceso de información pública e informe de las Consejerías y Planificación y Presupuestos concluyó el 9 de diciembre de 2022, la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias emitió informe favorable el 12 de abril de 2023 y se estudió por la Comisión de la Función Pública Canaria el 28 de abril de 2023.

 

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad retomó este tema y solicitó el dictamen preceptivo al Consejo Consultivo que lo emitió el 8 de febrero de 2024, con lo que se ha podido proceder al informe final de adecuación para su tramitación por el Consejo de Gobierno.

 

 

El Gobierno aprueba la creación de la comisión de apoyo a emprendedores, autónomos y pymes 

 

Se encargará de emitir informes sobre proyectos legislativos que incidan sobre el trabajo autónomo, del diseño de las políticas públicas en esta materia, así como de los estudios relacionados con la situación del colectivo

 

El Consejo de Gobierno ha adoptado, en su sesión de hoy, un acuerdo por el que se aprueba el proyecto de decreto del reglamento orgánico de la Consejería de Turismo y Empleo y se crea la comisión interdepartamental para la coordinación de las políticas de emprendimiento, autónomos y pymes.

La comisión estará adscrita, a efectos administrativos y de funcionamiento, a la Consejería con competencias en materia de empleo (en este caso la Consejería de Turismo y Empleo), y reunirá a representantes de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, con la finalidad de llevar a cabo una adecuada y coordinada ejecución de las competencias en materia de emprendimiento, autónomos y pymes que puedan corresponder a ambos departamentos.

Entre las funciones de este nuevo órgano se encuentra la formulación de propuestas para la promoción de líneas de incentivos al autoempleo, puesta en marcha y acompañamiento del trabajo autónomo y la creación de empleo estable por parte del colectivo.

Además, la comisión coordinará la gestión y seguimiento de ayudas al fomento de las organizaciones de los trabajadores autónomos y asociaciones profesionales. Asimismo, velará por el asociacionismo como medio para garantizar la cohesión del colectivo en general, y por sectores de actividad, en particular.

Corresponde también a la comisión, impulsar acciones de información, asesoramiento, apoyo técnico y tutorización para los autónomos en las distintas fases de su actividad económica, y con las asociaciones de autónomos y los agentes económicos y sociales más representativos de las islas (ventanillas únicas de las Cámaras Oficiales de Comercio de Canarias).

De igual modo, la comisión se encargará de la emisión de informes sobre los proyectos normativos y medidas específicas para el colectivo, así como de la realización de estudios, estadísticas y trabajos de investigación que incidan en el trabajo autónomo, en colaboración con el Instituto Canario de Estadística.

Por otra parte, se avanzará en el diseño de propuestas que favorezcan la continua capacitación de estos profesionales en la actividad que desarrollen y en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

 

Composición

 

La comisión estará integrada por siete miembros entre la Presidencia, la Vicepresidencia y cuatro vocalías correspondientes a un representante de la Viceconsejería de empleo; la persona titular de la Viceconsejería competente en materia de economía y autónomos; la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE) y una persona titular en representación de la Dirección General con competencias en materia de autónomos.

La Presidencia de la Comisión la ostentará la persona titular de la Consejería competente en materia de empleo. Por su parte, la Vicepresidencia corresponderá al titular del departamento con competencias en la materia de economía y autónomos.

La Secretaría la ostentará la persona designada por la Presidencia de la Comisión de entre el personal funcionario de la Administración Pública de la comunidad autónoma.

 

 

El Gobierno autoriza el gasto de 71 millones por la revisión de precios del tramo El Tanque-Santiago del Teide

 

Esta vía, que pertenece al cierre del Anillo insular de Tenerife, ya ha completado el 56% del presupuesto y se prevé su finalización para marzo de 2025

 

El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha autorizado el gasto correspondiente al abono adicional por revisión excepcional de precios para la ejecución del tramo El Tanque-Santiago del Teide, perteneciente al cierre del Anillo Insular de Tenerife, por valor de 7.193.718,70 euros.

Esta cuantía permitirá cubrir el aumento de los costes de los materiales y de la mano de obra durante la ejecución de la actuación, que se encuentra en marcha desde hace más de dos años. Tras la autorización del Consejo de Gobierno, el expediente irá a fiscalización previa, dado que supera los tres millones de euros.

Las actuaciones realizadas, cuyo presupuesto total asciende a 256,5 millones de euros con un plazo de 48 meses, han supuesto la ejecución hasta la fecha de más del 56% del presupuesto previsto, y se estima que finalice en marzo de 2025.

El objetivo de la nueva carretera entre El Tanque y Santiago del Teide es el cierre por el oeste del Anillo insular de Tenerife. Con esta actuación se conectan los tramos ya puestos en servicio del cierre del Anillo, y se dota de una vía con mayor capacidad y seguridad que la actual TF-82, acorde con la demanda de esta parte de la isla.

Además, la puesta en servicio de este tramo de la carretera incrementará la conectividad entre el norte y el sur de la isla por el lado oeste, lo que ayudará a disminuir el nivel de congestión que sufre actualmente la TF-5 en dirección a Santa Cruz de Tenerife.

Juan De la Rosa González, nueva directora general de Protección a la Infancia y a las Familias

 

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, lunes, en su reunión celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, el nombramiento de Juana de la Rosa González como nueva directora general de Protección a la Infancia y las Familias, en sustitución de Sandra Rodríguez, que presentó su dimisión el pasado jueves.

 

González es diplomada en Profesorado de Educación General Básica por la Universidad Complutense de Madrid y en Formación y Actualización en Dirección de Centros Educativos por la Universidad Autónoma de Madrid.

 

Ha ejercido como docente durante 32 años en diferentes centros educativos en Madrid y Tenerife. Su trayectoria como enseñante incluye la puesta en marcha, como profesora mediadora, de un proyecto de prevención de acoso escolar dentro y fuera de las aulas.

 

Asimismo, ha sido directora insular de Voluntariado y Promoción de la Inclusión Social en el Cabildo de Tenerife (noviembre 2017- julio 2019) y consejera de la corporación insular en la oposición (2019- 2023).

 

También ha llevado a cabo labores de voluntariado en Burgos y en Calcuta.

 

 

El economista Ignacio Solana Rodríguez se incorpora al consejo de administración de Gesprotur

 

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó este lunes nombrar al economista Ignacio Solana Rodríguez como representante de la Administración de la comunidad autónoma y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de esta en el consejo de administración de Gestión de Proyectos y Estudios Turísticos en Canarias (Gesprotur), adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo.

 

Esta entidad tiene como actividad principal la gestión de proyectos financiados con fondos europeos conforme a prioridades estratégicas que establezca el Gobierno de Canarias en materia de turismo.

 

La gestión de los proyectos que desarrollen dichas prioridades estratégicas podrá complementarse con las siguientes actividades, llevadas a cabo por sí misma o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, como son, la elaboración de estudios; colaborar en la realización de actividades relacionadas con la divulgación y dinamización de iniciativas en materia de turismo o la planificación, coordinación y desarrollo de foros técnicos de turismo y sostenibilidad.

 

Además, entre sus funciones estará dar asistencia técnica a las unidades administrativas en materia turística; la ejecución de los encargos que, como medio propio, reciba el Ejecutivo autonómico o de las que se establezcan en el futuro para la ejecución de proyectos financiados con fondos europeos.

 

Ignacio Solana Rodríguez es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y Máster en Finanzas por el Instituto Europeo de Posgrado.