El Consejo de Gobierno apoya esta norma para impulsar la disponibilidad de inmuebles, simplificar la gestión y hacer frente a la gran demanda de vivienda que existe en el Archipiélago
El Ejecutivo promueve también, de forma complementaria, una decena de iniciativas recogidas en el Plan de choque del Instituto Canario de la Vivienda, aprobado también por este órgano a finales del pasado año
El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha acordado, durante la sesión celebrada esta mañana, la aprobación del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda para hacer frente a la emergencia habitacional que atraviesa actualmente el Archipiélago.
La nueva norma contiene dos grupos de iniciativas importantes: unas destinadas a incrementar la disponibilidad de suelo y la utilización de edificaciones con destino a vivienda, y otras enfocadas a la promoción e impulso de la construcción de viviendas protegidas.
A través de treinta artículos y varias disposiciones transitorias, adicionales y finales, el decreto contempla todas las dimensiones que presenta la oferta de vivienda: la disponibilidad de suelo donde construir, facilitando su transformación jurídica y material; la viabilidad de usar como viviendas construcciones y edificaciones ya existentes, incluyendo las no terminadas, y la adecuación de las normas sobre viviendas protegidas para favorecer su rápida construcción y puesta a disposición de los demandantes.
Además, determina una serie de mandatos que responden al objetivo de aplicación directa y simplificación procedimental, como la reducción de seis a tres meses en el cumplimiento de trámites y procedimientos administrativos.
La Consejería ha trabajado esta propuesta junto a los sectores implicados en esta materia durante los últimos meses, con el objetivo de obtener un documento de consenso en el que se recogieran políticas reales, de aplicación directa, para aportar soluciones a este problema.
En este sentido, el decreto ley reafirma el compromiso del Ejecutivo para dar respuesta a la emergencia habitacional que existe en Canarias, derivada, en primer lugar, de la crisis inmobiliaria de 2008 y, también, por la pandemia de la COVID-19; y se suma a la decena de iniciativas recogidas en el Plan de choque elaborado por la Consejería a finales del pasado año, y aprobado en el Consejo de Gobierno, para garantizar el acceso a la vivienda de todos los canarios y canarias.
Optimización y recuperación de recursos
La trama urbana actual cuenta con suelos que no se han desarrollado, por lo que se priorizará la construcción de vivienda protegida en suelos antropizados, sin consumir nuevos, para incrementar el parque público y dar salida a construcciones y urbanizaciones inacabadas o abandonadas. No obstante, seguirán siendo los municipios los que determinen qué suelos se pueden destinar a vivienda pública
En este sentido, se favorecerá la compatibilidad del uso residencial y del turístico en suelos sin desarrollar, donde un tercio de la edificabilidad deberá ser destinado a vivienda protegida, y también se fomentará la recuperación de suelo urbanizable residencial que ya se encontraba previsto como tal en instrumentos de ordenación no adaptados. En este caso, el cincuenta por ciento de la construcción será destinada a vivienda protegida de promoción privada.
Asimismo, el decreto recoge la modificación del Módulo Básico canario, adecuándolo a la realidad actual del mercado y a cada isla. En Gran Canaria y Tenerife se elevará a los 1.905,26 euros/metro cuadrado, y en el caso de La Gomera, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura a 2.133,89 euros.
Por último, se amplía el tipo de unidades familiares que pueden acceder a las viviendas protegidas de régimen general, incluyendo a los núcleos que no excedan cinco veces el IPREM, -las que no excedan seis veces el IPREM, solo en determinados supuestos-, lo que permitirá que las clases medias también puedan beneficiarse de esa medida.
El Gobierno declara la situación de catástrofe en el sector agrario por los incendios de La Palma y de Tenerife de 2023
Esta declaración posibilita que se puedan convocar ayudas en el marco del PDR para la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes
El Gobierno de Canarias, reunido este lunes en Consejo, ha aprobado la declaración de situación de catástrofe en el sector agrario como consecuencia de los incendios que se produjeron en La Palma en el mes de julio de 2023 y en Tenerife en agosto del mismo año, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria.
Esta declaración posibilita la convocatoria de ayudas en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) dirigidas a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes. En este sentido, se establecen medidas de apoyo para reparar y mitigar en la medida de lo posible las pérdidas y daños sufridos.
La normativa europea determina que para reconocer oficialmente dicha situación, se requiere que al menos el 30% del potencial agrícola haya sido destruido.
Cabe recordar que, en el caso de La Palma, el incendio afectó a los municipios de Tijarafe, Puntagorda y Los Llanos de Aridane, causando daños en infraestructuras agrarias y cultivos, especialmente en cítricos, aguacates, almendros, hortalizas para autoconsumo, frutales templados y viñedos. Se estima que el valor de los daños asciende a 678.448,40 euros.
Por otro lado, el incendio forestal de Tenerife, afectó en concreto a Güímar, Arafo, Candelaria, El Rosario, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, La Orotava y Los Realejos, originando daños principalmente en el cultivo del castaño, así como en frutales templados como manzanos, perales y ciruelos, entre otros. Asimismo, los daños en infraestructuras agrarias incluyen vallados, tuberías, pequeños cuartos de aperos, corrales, zonas de pastos y colmenares, entre otros, con una valoración estimada de 1.037.740 euros.
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