El próximo 30 de octubre, el Consorcio de Servicios ha declarado su intención de llevar a cabo una huelga

En esta ocasión, el preaviso de huelga se ha activado debido a tres razones fundamentales. En primer lugar, como respuesta a la consternación provocada por las imágenes y videos que evidencian que más del 50% de la flota de camiones del Consorcio de Servicios está liberando sustancias líquidas tóxicas (lixiviados) de manera descontrolada en las calles públicas. En segundo lugar, se lamenta nuevamente la falta de voluntad por parte del Gerente para alcanzar una solución satisfactoria a las demandas de su personal, que incluyen la finalización de la aprobación del nuevo Convenio Colectivo del personal laboral del Consorcio de Servicios. Por último, se ha señalado la detección de irregularidades en relación con la seguridad laboral.

Esta situación hace que sea imposible establecer un ambiente de paz social que permita abordar los desafíos futuros en la gestión de la recolección de residuos sólidos en la isla de La Palma. Además, se suma a esta situación el hostigamiento sufrido por la plantilla, lo que condujo a que más de 30 trabajadores solicitaran la apertura de un expediente disciplinario contra uno de los capataces y al inicio de un proceso de acoso laboral, una situación sin precedentes en el lugar de trabajo.

Si no se logra un acuerdo, las medidas de protesta se extenderán a los meses de noviembre y diciembre, con la programación de nuevos paros parciales y otras actividades de protesta, como manifestaciones, con el propósito de que los Ayuntamientos de la isla de La Palma conozcan a fondo los problemas del personal del Consorcio, ya que financian su operación y tienen participación en su Asamblea General.

Es importante destacar que se han presentado denuncias previas ante la Fiscalía Provincial por posibles delitos medioambientales, así como denuncias administrativas ante la Consejería de Transición Ecológica y la Inspección de Trabajo para investigar si los hechos tienen algún tipo de consecuencia penal o sancionadora a nivel administrativo. No cabe duda de que merece una firme reprobación social el no haber tomado medidas adecuadas para prevenir estos vertidos indiscriminados en las calles públicas y los consecuentes perjuicios para la población y la sociedad en general de la isla de La Palma.