Rodríguez insiste en que el Gobierno aprobará nuevos ajustes fiscales selectivos y temporales para combatir la inflación

 

El vicepresidente canario subraya que una bajada generalizada de impuestos es injusta socialmente y contraproducente desde el punto de vista macroeconómico

El también consejero de Hacienda recuerda a los grupos de la oposición que la bajada del IGIC que propugnan significa “dar un portazo en las narices de los ciudadanos más necesitados”

“Todos los recursos disponibles estarán al servicio de la sociedad con la garantía de la prestación de los servicios públicos, la promoción económica y la ayudas a los sectores más vulnerables ”, señala

 

El Gobierno de Canarias aplicará en los Presupuestos de 2023 nuevos ajustes fiscales selectivos y temporales para combatir los efectos de la inflación entre los sectores económicos vulnerables y entre los ciudadanos de rentas bajas y medias, insistió hoy en el Parlamento el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez.

 

El vicepresidente explicó que el Ejecutivo autónomo seguirá aplicando el mismo tipo de medidas que ya aprobó con ocasión de la pandemia del Covid, la erupción de La Palma, e incluso, hace unos meses con el incremento de los precios de los combustibles.

 

“Echaremos una mano a quien más lo necesite, mediante ayudas directas o fiscales, porque son las medidas más eficaces y las indicadas desde el punto de vista económico”, dijo Rodríguez, quien añadió que “las rebajas generalizadas de impuestos, algo que siempre defiende la derecha, son contraproducentes porque estimulan la inflación y son injustas desde el punto de vista social”.

 

El vicepresidente recordó, por ejemplo, que la bajada de los impuestos del Bloque de Financiación Canario (BFC) tendría una repercusión directa en la atención a los ciudadanos, especialmente aquellos que reciben alguna prestación o servicio de los ayuntamientos o los cabildos, puesto que el 58% de estos ingresos tributarios van a parar a las arcas de las administraciones locales (cabildos y ayuntamientos).

 

“Prescindir de esos ingresos -añadió- sería dar un portazo en las narices de los ciudadanos más necesitados”.

 

Rodríguez rechazó también los argumentos de la oposición sobre la supuesta opulencia recaudatoria del Ejecutivo y precisó que el incremento de los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma con respecto a la previsión inicial contenida en la Ley de Presupuestos estará a final del ejercicio sobre los 320 millones de euros, un 12 o un 13 por ciento más. De esa cantidad, el Ejecutivo solo se queda con el 42%, lo que se traducirá en unos 134 millones de euros.

 

“Esa cifra se destinará a sufragar parte de la desviación de los gastos que por unos 500 millones de euros tenemos que afrontar, en parte producto de esa misma inflación y que afectan a los servicios públicos esenciales, por lo que ni un solo euro de los que ingresa la Comunidad Autónoma está ocioso en los bancos”, subrayó.

 

El vicepresidente dijo que la inflación no se arregla desde los boletines oficiales, pero que el Gobierno sí puede contribuir a paliar sus efectos más nocivos, con el despliegue de recursos públicos, “como hemo hecho antes con las ayudas directas de 1.300 millones de euros o eliminando el impuesto del combustible”.

 

A este respecto, Rodríguez recordó que el Ejecutivo autónomo ha incrementado los Presupuestos un 28% entre 2019 y 2023, año en el que las cuentas tendrán un techo de gasto de 10.100 millones de euros.

 

Del mismo modo, valoró el alto grado de ejecución presupuestaria, por encima de los anteriores gobiernos autónomos y por encima de la media del Estado. “El año pasado tuvimos un presupuesto inicial de 9.100 millones de euros y ejecutamos 10.466 millones, un 123% más de lo previsto, todo a pesar de que gran parte de los fondos extra que recibimos llegaron en los últimos meses del ejercicio”, detalló.

 

Sobre los Presupuestos del próximo año, insistió en que todos los recursos estarán al servicio de la sociedad canaria, con la garantía de la prestación de los servicios públicos esenciales, el impulso de la actividad económica y la protección de los sectores más vulnerables. “Todo ello -abundó- sin subir los impuestos y sin endeudar a la Comunidad Autónoma”.

 

 

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