El Sindicato Independiente de Policías Locales denuncia la "falta de interés" por averiguar la verdad sobre las multas

El Sindicato Independiente de Policía de Canarias (SIPC) sale al frente ante las declaraciones realizadas por el regidor municipal de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos, donde informa que las 170 multas “supuestamente extraviadas” se debe a un fallo de gestión administrativa en la cadena de custodia "ya que pasan por muchas manos".

En ese sentido, informan que "es el propio sindicato el que ha impulsado la investigación mediante varios escritos dirigidos a la corporación, todo ello debido a la falta de interés en la averiguación de lo sucedido tras nueve meses de la denuncia inicial".

Igualmente, señalan que "es inexplicable que el propio alcalde haya abandonado la presidencia y dirección de la comisión de investigación, cuando es él quien debe tomar las riendas para llegar al fondo del asunto, si realmente no ha quitado multas, ya que con esta actuación parece más una abstención por tener un interés directo en el asunto, cuando es la máxima autoridad responsable de esta administración". 

"Pero también es llamativo", señalan en un comunicado, "que no es solo el único que abandona dicha Comisión, ya que también la abandona el propio técnico municipal designado directamente por el alcalde mediante un decreto de fecha 16 de abril de 2016, donde se le asignó la investigación de los hechos de la anulación de multas".

El SIPC deja claro que "propuso hace dos años la idea de implantación de los sistemas de gestión electrónicos de multas con PDA, poniendo como ejemplo otros municipios como Los Realejos, y así mismo se hizo llegar en su día a la corporación, peticiones que han sido siempre desoídas por el regidor municipal, y que ahora casualmente implanta como una idea suya, pudiendo estar enfocando lo ocurrido a un simple fallo de gestión interna, cuando lo que ocurre es que caducan una vez tramitadas las denuncias quedando registradas con la anotación (enviada al alcaldía no devuelta/caducada) o (prescrita/en poder del instructor)".

También reseñan que los agentes de la policía dejaron de recibir la información mensual de las multas interpuestas por ellos, donde les permitían un mayor control y seguimiento de las mismas, "todo ello desde que se produjo el cambio de la Alcaldía anterior a la actual".   

Desde el sindicato informan que "se ha solicitado al funcionario encargado de los equipos informáticos municipales que guarde escrupulosamente toda la información recogida en los equipos informáticos para la gestión de las multas de tráfico, protegiéndola de ser modificada, habiendo información  veraz de que no solo son 170 denuncias caducadas, sino que hay incluso muchas más prescritas". 

Por último, señalan, "denunciamos que se intentan confundir a la ciudadanía con mentiras negando unos hechos que se remontan al 12 de septiembre de 2013, donde un agente recibió presiones en el despacho de la alcaldía para que retirara dos sanciones de dos empleados municipales, negándose el agente a su retirada de las  dos denuncias de tráfico, ya que de no hacerlo iba a tener graves consecuencias personales".

Desde la central sindical animan al alcalde "a que tenga más interés en averiguar qué ha pasado con los más de 170 expedientes 'caducados' (entre otros prescritos), e identifique a los funcionarios que intervienen en el procedimiento y custodian los decretos, remitiendo la documentación a la Fiscalía Provincial de Tenerife debido a que se presumen de muy graves, ya que no se puede permitir que se juegue con el trabajo de los funcionarios, y creando un agravio entre los ciudadanos que pagan religiosamente sus multas".