Acusan a un funcionario de prácticas abusivas para llevar clientes a su estudio

Primero salió a la luz, publicado por el periódico El Día, la denuncia de la propietaria del establecimiento Saxo Pub Karaoke, de la plaza José Mata, sancionado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma con 15.001 euros y la revocación de la licencia de apertura al presentar deficiencias principalmente en los equipos de sonido. Ahora, el mismo periódico, da a conocer unos informes presentados por la Policía Local que darían, supuestamente, veracidad a la versión de la empresaria.

Ante la sanción impuesta al local se alegó que "el trabajador municipal que realizó las inspecciones carece de toda imparcialidad y objetividad" para desarrollar su labor, al afirmar que "este técnico del ayuntamiento es a la vez administrador de una empresa privada, que supuestamente utiliza para solucionar irregularidades de las que previamente informa como personal municipal, por lo que la afectada pidió su recusación".

En ese sentido, señalan que "cuando intervino ejerciendo la potestad inspectora correspondiente al ayuntamiento, ostentaba simultáneamente un claro interés profesional" por su actividad privada, según se advierte desde la defensa de la empresaria.

Las alegaciones van un poco más lejos, ya que en las mismas se asegura que el propio técnico del ayuntamiento llegó a ofrecer a la denunciada los servicios de la empresa privada que administra: "Le entregó incluso una nota con el teléfono de contacto de su estudio de ingeniería, omitiendo convenientemente mencionar el cargo que ostentaba en ella". Aceptó la recomendación "y un día más tarde" acudieron a la dirección indicada "encontrando al técnico municipal trabajando en uno de los despachos". Eso sí, quien les atendió "fue otra persona", se indica en la publicación.

La propietaria del Saxo Pub Karaoke llegó a negociar con este estudio privado, pero "desistió de contratarlo porque el precio de los servicios era muy superior al ofertado por otros ingenieros de la competencia". A raíz de esa negativa, y siempre según la versión que se recoge en las alegaciones presentadas por la empresaria, "tuvimos dos visitas" de la persona que los había atendido en la empresa recomendada por el técnico municipal, "y reiteró la conveniencia de contratar con ellos su ejecución (subsanación de las deficiencias detectadas) para poder continuar desarrollando la actividad", mediante el empleo de expresiones subliminales como "aquí tenemos que sumar entre todos y no restar, en referencia a la posición de dominio que ostentaba el citado trabajador del ayuntamiento".

El segundo episodio de esta historia ha sido desvelado hoy por el mismo rotativo. En su publicación de este miércoles afirma que "varios informes policiales advirtieron hace ahora un año de las prácticas supuestamente abusivas del funcionario de Santa Cruz de La Palma que se encarga de las inspecciones a establecimientos públicos, al ofrecer su estudio privado para solucionar los problemas detectados".

Los informes presentados ante el jefe del Cuerpo, con el objetivo de que los remitiera a la Alcaldía, se elaboraron después de que los agentes recabaran las manifestaciones de los propietarios de al menos tres locales, que, según relataron, habían tenido dificultades para la apertura de sus negocios y que el mismo funcionario que se encargaba de las inspecciones, así al menos se recoge en los documentos presentados por dos policías locales, les había ofrecido su estudio privado para solucionar las incidencias registradas.

Sin embargo, añaden el periódico El Día, "estos informes policiales tuvieron un corto recorrido; es decir, los empresarios afectados lograron las licencias que habían solicitado sin necesidad de ratificar sus declaraciones, evitando abrir un procedimiento que pudiera poner en entredicho la labor del funcionario que inicialmente sí señalaron".

En un escrito, presentado por el funcionario para complementar el expediente abierto, niega todos los hechos que se le achacan.