Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de La Caldera de Taburiente, en la isla de La Palma, han instruido diligencias en las que investigan a dos personas, un hombre de 48 años de edad y una mujer de 69, ambos vecinos del municipio palmero de San Andrés y Sauces como presuntos autores de un delito sobre la Ordenación del Territorio y otro contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.
El servicio se originó como consecuencia de una petición de colaboración de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, debido a una denuncia administrativa de un agente de Medio Ambiente adscrito al Cabildo de La Palma, en el cual informaba de una ampliación ilegal de una explotación ganadera.
En la inspección llevada a cabo por los agentes del Seprona en la zona de Los Galguitos, término municipal de San Andrés y Sauces, se comprobó que además de la ampliación denunciada, se seguían llevando a cabo diversas obras de construcción con bloque y hormigón, y que unos 100 m2 de una edificación construida para el establecimiento de animales invadían el espacio natural protegido del Parque de Las Nieves. También, dentro del mismo parque, se había realizado además una tala de árboles a matarrasa de unos 15.000m2 de superficie. Identificados los autores, se comprobó que carecían de las autorizaciones legalmente exigibles.
Así, a requerimiento del Seprona, el ayuntamiento de San Andrés y Sauces y el Cabildo Insular de La Palma emitieron sendos informes haciendo constar que las actuaciones dañaron gravemente algunos de los elementos que han servido para calificar el Parque Natural de Las Nieves, considerándolas incompatibles con los fundamentos de protección de este Espacio Natural Protegido y por lo tanto no serían autorizables.
Cabe destacar que los delitos por los que están siendo investigados, contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente están tipificados en los artículos 319.1 y 330 del Código Penal respectivamente.
Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Santa Cruz de La Palma. Asimismo, las denuncias administrativas han sido remitidas a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.
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