Hoy, viernes 28 de junio, finaliza el plazo para concluir las obras de La Alameda, pero no ha podido ser. Unas obras que comenzaron antes de noviembre en la calle San Francisco; continuaron por las calles Pérez Galdós, Pedro José de Las Casas y Doctor Pérez Camacho y siguen en la Calle Pérez de Brito y la Méndez Cabezola, y que, según informaron en un primer momento, finalizarían entre abril y mayo en su totalidad.
Los vecinos, vecinas y comerciantes son los que han sufrido las consecuencias de estos trabajos que han dado lugar a cortes en casi todas las calles del entorno de la Alameda, una zona en la que no solo hay comercios o viviendas, sino que alberga también servicios tan importantes como el Centro de Salud de la capital o la comisaria de la Policía Nacional. Además a esto se suman los ruidos, los malos olores, la presencia de ratas o cucarachas, que algunos tengan que caminar sobre el propio interior de la obra para poder acceder a su vivienda, la dificultad de pasar con carritos o con mercancía, el cierre de más de un comercio, "el laberinto" para llegar de la Plaza hasta las "cuatro esquinas",etc.
Cierto es, como se ha recalcado en las reuniones, que las obras son necesarias y producen mejoras, pero como recalcaba uno de los vecinos de la zona en una de las convocatorias "es precioso, pero hay que vivir mientras tanto". Y es que todas las personas que viven, trabajan o frecuentan la zona de la Alameda llevan nueve meses sufriendo las consecuencias de unos trabajos que no han tenido la mejor de las organizaciones y que, en algunos casos, debían estar acabados en abril, e incluso marzo. Los afectados aseguran que se han sentido "abandonados" y "ninguneados" por los responsables políticos, que lejos de mostrar una verdadera preocupación por su situación, han dado largas al asunto.
Llegados a este punto y con la indignación que ha tomado protagonismo en los últimos meses, cabe esperar cuál será la respuesta por parte de vecinos, vecinas y comerciantes y de la Asociación de Empresarios Casco Histórico, que en la última reunión recalcaron que contarían con asesoramiento jurídico para, en caso de incumplimiento, reclamar "responsabilidades a la empresa ejecutora y subsidiarias a las instituciones responsables".
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