El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas defiende en el Parlamento el proyecto de ley elaborado por el Gobierno, que simplifica los procedimientos urbanísticos, favorece la construcción de vivienda protegida mediante la renovación de suelo urbano ya transformado y refuerza las garantías para preservar el territorio
La iniciativa que llega a la Cámara es fruto de un amplio proceso de diálogo en el que han participado más de 700 profesionales y expertos de diferentes administraciones
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha presentado este miércoles en el Parlamento el proyecto de actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, una reforma que busca facilitar la respuesta a la emergencia habitacional, agilizar la planificación urbanística y reforzar la protección del territorio.
Durante el debate de primera lectura, Miranda ha defendido la necesidad de adaptar la normativa, aprobada en 2017, a los nuevos retos del Archipiélago, entre ellos las dificultades de acceso a la vivienda, la presión sobre el territorio, el cambio climático y el reto demográfico. “Canarias debe actuar ya. Tenemos que intervenir para garantizar la mejor protección del territorio allá donde sea necesario, así como agilizar y dar sentido a su uso allá donde sea posible”, señaló.
En materia de vivienda, el proyecto apuesta por aprovechar mejor el suelo urbano ya transformado y favorecer las actuaciones de reforma y renovación de las ciudades, especialmente cuando se destinen a construir vivienda protegida. Para ello, plantea reducir las cargas de estas intervenciones frente a las que se desarrollen sobre suelo urbanizable no transformado.
La actualización también refuerza los mecanismos para contener la expansión urbanística. Entre las medidas propuestas figura elevar del 10% al 15% el aprovechamiento de cesión obligatoria a la comunidad en concepto de participación en las plusvalías urbanísticas, así como establecer que la clasificación de nuevo suelo urbanizable lleve aparejada la desclasificación de una superficie equivalente.
Más protección del territorio y garantías jurídicas
Canarias cuenta con más del 40% de su superficie bajo alguna figura de protección ambiental, el porcentaje más elevado de las comunidades autónomas españolas. La reforma profundiza en esta protección y refuerza las herramientas de las administraciones para garantizar la legalidad urbanística y actuar frente a las infracciones.
Entre otras medidas, amplía de seis a nueve meses el plazo para resolver y notificar los procedimientos correspondientes, extiende de quince días a un mes la vigencia de las medidas provisionales anteriores al inicio de un expediente y eleva de 60 a 300 euros la cuantía mínima de las sanciones. También aclara que en los suelos ambientales pueden desarrollarse los usos y actividades compatibles con los valores que se pretende proteger.
Menos trámites y plazos más cortos para la planificación
El proyecto plantea reducir los plazos de emisión de informes, consultas y trámites de información pública, limitar los procedimientos a los trámites indispensables, optimizar las fases de aprobación de los instrumentos de ordenación y reducir el contenido mínimo de los planes generales.
En concreto, propone reducir a la mitad el plazo de emisión de informes en los supuestos de cooperación interadministrativa en actuaciones de relevancia territorial. También incorpora medidas para agilizar la gestión y ejecución del suelo y aportar mayor seguridad jurídica a la tramitación de licencias.
Desde la entrada en vigor de la Ley de 2017 se han tramitado más de 250 modificaciones del planeamiento municipal y más de una treintena de modificaciones de los instrumentos de planificación insular. La actualización mantiene las principales estructuras de aquella norma, pero introduce cambios para mejorar su aplicación y evitar interpretaciones divergentes.
Una reforma construida desde el diálogo con las administraciones
Miranda subrayó en su intervención que el proyecto es resultado de un proceso de análisis, diálogo y participación técnica iniciado en noviembre de 2023, en el que han tenido un papel protagonista los cabildos y ayuntamientos, tanto a través de sus responsables políticos como de los empleados públicos que aplican diariamente la legislación urbanística.
El trabajo se desarrolló a través de 17 foros y encuentros en todas las islas, con más de 700 profesionales y expertos, entre ellos cerca de 300 empleados públicos municipales y una treintena de técnicos de las corporaciones insulares. El documento incorpora también aportaciones de las federaciones canarias de municipios y cabildos y recomendaciones de los órganos consultivos que han informado la iniciativa.
El Gobierno ha solicitado la tramitación de urgencia ante la necesidad de disponer cuanto antes de herramientas para afrontar la emergencia habitacional, responder al reto demográfico y eliminar los obstáculos que retrasan la aprobación de los instrumentos de ordenación. El Ejecutivo considera que estos asuntos requieren una respuesta inmediata y no pueden quedar pendientes para la próxima legislatura. A ello se suma el amplio consenso técnico alcanzado durante la elaboración de la propuesta.
Tras el debate de primera lectura, el proyecto continúa su recorrido parlamentario, durante el que los grupos podrán presentar sus aportaciones y enmiendas. Miranda expresó la voluntad del Gobierno de incorporar las sugerencias que contribuyan a mejorar el texto y apeló al diálogo y la responsabilidad compartida durante su tramitación.
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