El proyecto de ley supera el debate de toma en consideración en el Parlamento y abre ahora el plazo para la presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios
La futura norma establece un marco canario de planificación que integra los transportes terrestre, marítimo y aéreo y refuerza la coordinación entre administraciones
La iniciativa apuesta por una movilidad más sostenible, accesible e interconectada, con especial atención al transporte público, la digitalización y la participación ciudadana
El Parlamento de Canarias ha aprobado hoy la toma en consideración del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias, impulsado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez.
En este sentido, el Proyecto de Ley inicia así su tramitación legislativa en la Cámara. Tras este primer debate, se abrirá el plazo para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas y formular propuestas de modificación al texto.
El consejero del área, ha defendido durante su intervención la necesidad de dotar al Archipiélago de un marco normativo propio que permita ordenar y planificar la movilidad desde una perspectiva integral, adaptada a las singularidades territoriales de Canarias y centrada en las necesidades de los canarios y canarias.
La iniciativa tiene su origen en el dictamen de la Comisión de Estudio sobre la situación del transporte en las islas, aprobado por el Pleno del Parlamento en marzo de 2019, que instaba al Gobierno de Canarias a elaborar una ley específica de movilidad sostenible.
El proyecto responde a cuatro necesidades fundamentales: establecer un sistema que articule los diferentes instrumentos de planificación de la movilidad; avanzar en la reducción de las emisiones contaminantes asociadas al transporte; impulsar la digitalización de los datos para mejorar la gestión y la toma de decisiones; y reforzar la transparencia y la participación pública en las políticas de movilidad.
La movilidad como derecho colectivo
Uno de los aspectos centrales del proyecto es el reconocimiento de la movilidad sostenible como un derecho colectivo. En este sentido, establece entre sus objetivos garantizar desplazamientos seguros y accesibles, mejorar la conexión entre los distintos modos de transporte y promover alternativas más eficientes y respetuosas con el medioambiente. También presta especial atención a las personas con discapacidad y a los colectivos en riesgo de exclusión.
Cinco instrumentos para planificar la movilidad del Archipiélago
Uno de los principales elementos de la futura ley es la creación de un sistema de planificación estructurado en cinco instrumentos: el Plan Estratégico de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias, los planes insulares, los planes supramunicipales y municipales y los planes de movilidad de los grandes centros generadores de movilidad.
La norma aborda de manera conjunta los tres grandes modos de transporte —terrestre, marítimo y aéreo— y refuerza la intermodalidad para mejorar las conexiones dentro de cada isla, entre islas y con el exterior. Además, integra la movilidad en la ordenación territorial y urbanística, al considerar que la planificación de las ciudades y del territorio condiciona directamente los desplazamientos de la población.
El texto incorpora también estándares de calidad y seguridad para las infraestructuras y los servicios de interés autonómico, así como las bases para las obligaciones de servicio público y los principios de financiación de los servicios de movilidad.
Entre las medidas previstas destaca la creación del Laboratorio de la Movilidad, un instrumento destinado a impulsar la investigación, la experimentación y el desarrollo de proyectos piloto que permitan identificar soluciones innovadoras y fomentar desplazamientos más eficientes.
Un proyecto con participación
La Consejería ha desarrollado un proceso de elaboración participativo que ha contado con entrevistas a agentes del sector, mesas de participación en todas las islas, reuniones con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación Canaria de Islas (FECAI), así como con la participación de la Mesa del Transporte de Canarias.
El texto ha contado también con la colaboración técnica de los cabildos insulares y ha sido sometido a los procedimientos de información pública y audiencia, con participación de las administraciones públicas, las empresas del sector y las organizaciones sindicales.
Asimismo, ha recibido el dictamen del Consejo Económico y Social de Canarias. Con el inicio de su tramitación parlamentaria, la iniciativa continúa su recorrido para dotar a Canarias de una regulación propia que permita ordenar la movilidad, ofrecer seguridad jurídica a las administraciones y situar a las personas en el centro de las políticas de transporte.
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