Canarias pide que la futura regulación universitaria respete sus competencias y contemple la insularidad

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, que dirige Migdalia Machín, ha presentado aportaciones a la consulta pública previa sobre la reforma de la normativa estatal de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. El área de Universidades solicita que se preserven las competencias autonómicas y que las exigencias para los nuevos proyectos se adapten a las características del archipiélago.

«Compartimos la necesidad de reforzar las garantías de calidad del sistema universitario. Para hacerlo, el Estado debe respetar las competencias de Canarias y establecer condiciones que tengan en cuenta nuestra realidad territorial. La insularidad y la lejanía deben reflejarse en la futura norma», afirma Machín.

La Consejería, a través de la Dirección General de Ordenación, Innovación y de la Calidad Universitaria, cuestiona en sus aportaciones que la enseñanza virtual o híbrida se utilice como criterio para trasladar al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades competencias sobre universidades radicadas en las islas. Defiende que las comunidades autónomas pueden ejercer sus funciones sobre estas instituciones conforme a los requisitos estatales de calidad, como ocurre con las universidades presenciales.

En este sentido, Canarias recuerda que su Estatuto de Autonomía le atribuye competencias en materia de enseñanza universitaria. Las aportaciones recogen, además, las observaciones que formuló el Consejo de Estado durante la tramitación de la norma anterior, en las que advirtió de que impartir formación virtual o híbrida no basta para desvincular una universidad del territorio donde se ha creado o reconocido. Otra de las principales peticiones es que no se establezca un número mínimo de estudiantes idéntico para todos los proyectos, sin atender a la población del lugar donde se implanten. El Gobierno de Canarias advierte de que esta exigencia podría impedir la creación de universidades en territorios menos poblados y limitar las oportunidades de acceso a la educación superior.

«La viabilidad de un proyecto universitario debe evaluarse con rigor. Aplicar el mismo umbral de estudiantes a territorios con condiciones demográficas muy distintas puede cerrar oportunidades de formación. Canarias necesita una regulación que contemple esa diferencia», señala la consejera. Por ello, se reclama que cualquier requisito sobre el volumen de estudiantado considere las particularidades del archipiélago y su condición de región ultraperiférica, reconocida por la Unión Europea.

Las aportaciones solicitan igualmente que las exigencias relativas a la oferta inicial de titulaciones sean proporcionadas. Canarias respalda que se compruebe la solvencia de los nuevos proyectos, pero pide que las condiciones establecidas para garantizar la calidad no introduzcan restricciones injustificadas a la libertad de creación de centros docentes. En una aportación complementaria, el Gobierno de Canarias solicita que la reforma se tramite por el procedimiento ordinario, al considerar que no concurren las circunstancias excepcionales que justificarían recurrir a la vía de urgencia. Con esta petición busca preservar los plazos de participación pública y las garantías de los trámites de informe y consulta durante la elaboración de la norma.

El Ministerio ha abierto esta consulta pública previa para preparar una nueva reforma tras la anulación del Real Decreto 905/2025 por el Tribunal Supremo debido a defectos en su tramitación. Se trata de una fase anterior a la elaboración del texto normativo. Canarias ya había presentado objeciones durante la tramitación de aquella norma y formulado, tras su aprobación, un requerimiento previo a la vía judicial. Con estas aportaciones, solicita que sus propuestas se incorporen desde el inicio a la futura regulación.