Nueva Canarias denuncia que la empresa “amiga” que resultó adjudicataria del servicio que gestiona los aparcamientos de la zona azul sigue prestando el servicio y gestionando la recaudación por aparcar en esos estacionamientos, quedándose con el 90% de la misma, sin tener un contrato vigente que le faculte para ello.

"Lo que mal empieza mal acaba", ha lamentado Pulido, "porque ya en su procedimiento de adjudicación, en mayo del año pasado, se optó por el negociado sin publicidad en el que sólo hay que pedir tres ofertas a determinadas empresas, un procedimiento opaco de contratación de un servicio público” y con un pliego de condiciones que era “lesivo para los intereses municipales”, y no por el concurso abierto, que permite mayor transparencia, publicidad y competencia entre licitadores.

Además informan que tal es así que es imposible, como denunciamos en su momento, que aquel Pliego de Cláusulas pudiera ser redactado por algún técnico municipal, dado que “se planteó para favorecer de forma tan desvergonzada a la empresa”, que en el mismo se establece que de la cantidad recaudada por la “empresa concesionaria” que gestionara los parquímetros ésta se quedaría con un “90% de la recaudación” y tendría que abonar, “como máximo”, tan sólo “un 10% de lo recaudado al Ayuntamiento”.

Esto hace que, de los más de 170.000 euros obtenidos por la empresa, en los diez primeros meses de contrato, tan “sólo se hayan ingresado en las arcas municipales unos 17.257 euros”, cuando si se hubiese utilizado un pliego similar al del concurso de la zona azul de Santa Cruz de La Palma, en el que se primaba a la empresa que prestara un mejor servicio y que “pagara un mayor canon al Ayuntamiento”, la recaudación municipal hubiese superado los “60.000 euros anuales”.

Agotado con creces el período de adjudicación, que finalizó en mayo pasado, la empresa sigue prestando y cobrando el servicio sin ninguna explicación y, "lo que es peor", sin ninguna cobertura jurídica, permitiendo que haya una prórroga tácita, al margen de la legalidad, y como si se hubiera vuelto a contratar de nuevo “a dedo”. Y, cuando se dan este tipo de situaciones, “todo brilla menos la transparencia” de la que pretenden hacer gala algunos responsables municipales.

Cabe recordar que, con arreglo al art. 23 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la prórroga se acordará por el órgano de contratación, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, como es el caso, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes. Esto es, en ningún caso debió producirse la prórroga tácita del contrato; ya que por la Administración municipal debió comunicar a la empresa que el contrato finalizaba en mayo y que a partir de ese momento se consideraba extinguido el mismo.

Por todo ello, desde Nueva Canarias "demandamos de la Alcaldía, como órgano de contratación, que retorne a la legalidad, se comunique a la empresa la finalización y extinción del contrato” y, en consecuencia, se “gestione directamente” o se inicie un nuevo procedimiento abierto mediante “concurso”, en el que se garanticen los “principios de publicidad, libre concurrencia, objetividad, transparencia y eficacia en la contratación” pública que fueron vulnerados en el procedimiento anterior, primando en el Pliego de Condiciones la calidad de la prestación del servicio y, en interés del municipio, el “canon que se pague al Ayuntamiento”.