Carmen Guadalupe, secretaria general de UGT en La Palma, culpable en el caso Fundescan

Desde UGT se cometieron delitos de estafa y apropiación indebida de subvenciones públicas, a través de Fundescan.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha emitido un acto que rectifica la sentencia contra el sindicato Unión General de Trabajadores de Canarias (UGT) y varias personas que dirigieron Fundescan. Según esta resolución, dictada por el magistrado Guillermo Fernández García, se han declarado culpables Alicia María Rodríguez, Manuela Fernández, José Lorenzo López, Carmen Guadalupe Parrilla (Secretaria General de UGT La Palma), Raúl Núñez, José Yánez y Carmen Dumpiérrez. Todos ellos han reconocido los cargos en un acuerdo de conformidad, por lo que han sido inhabilitados durante dos años para la administración de bienes ajenos o representación y/o administración de cualquier persona.

Además de la suspensión de empleo público, la UGT tendrá que hacer frente a una indemnización de 1.308.221 euros.

Carmen Guadalupe, secretaria general de UGT en La Palma e investigada por delito continuado de estafa y defraudación de subvenciones públicas, era una de las 26 personas llamadas a juicio por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, Florencio Luis Barrera. Junto a ella, también estaba Arsenio Pérez, miembro del sindicato en La Palma, investigado por delito continuado de estafa. Ambos se enfrentaban a una petición de cárcel de hasta seis años y a la inhabilitación del cargo público durante dos.

El caso al que se enfrenta el sindicato investiga los hechos que se iniciaron en el año 1996, cuando UGT canarias creó Fundescan, Fundación para el Desarrollo Social de Canarias vinculada y controlada por el sindicato. El vínculo era tal que los miembros del órgano de gobierno de la fundación o su patronato, eran destinados por la comisión ejecutiva regional de UGT Canarias entre sus afiliados.

Esta situación derivó en el uso de Fundescan, por parte del sindicato, como un instrumento de financiación indirecta. Desde UGT se ha cometido un delito continuado de apropiación indebida de dinero procedente de subvenciones públicas destinadas a la formación de trabajadores y el desarrollo de planes de formación, con el que pagó nóminas a algunos de sus altos cargos, rehabilitó algunas de sus propiedades, y cubrió otros gastos propios del sindicato.

Un ejemplo de esto en nuestra isla lo encontramos en la sede del sindicato en Los Llanos de Aridane, cuyas oficinas fueron rehabilitadas con dinero de Fundescan.

Por otra parte, la investigación penal continúa abierta por tres ayudas procedentes de la Unión Europea para Fundecan, cuyo destino está presuntamente sin justificar y cuyo presupuesto asciende a 2,23 millones de euros.

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